Un grupo de eurodiputados, integrados en el Self-determination Caucus del Parlamento Europeo, ha presentado este martes una propuesta de regulación que sirva como «marco legal» para implementar el derecho a la autodeterminación en la Unión Europea (UE), puesto que estos procesos tienen una «dimensión interior» y una «dimensión comunitaria muy clara» y, por eso, hay que tener una herramienta que lo regule. La situación actual crea, según los redactores de la propuesta, «una grave de incertidumbre legal» porque el derecho comunitario no establece «qué pasa cuando una entidad se separa del estado miembro y queda dentro de la UE».
La profesora de Derecho Público y Derechos Humanos en la Universidad de Edimburgo, Elisenda Casanas, que ha coordinado la redacción de la propuesta, ha dejado claro en rueda de prensa en el Parlamento Europeo, Estrasburgo, que este reglamento «es compatible con muchos de los principios fundamentales de los estados miembros» y que busca fijar unas «garantías y condiciones» para ejercer el derecho en la autodeterminación en la UE.
La «condición» sine qua non para iniciar un proceso de autodeterminación es que haya una mayoría parlamentaria en el territorio en cuestión y reconoce que la votación se puede hacer bajo diferentes formas, pero subraya que las decisiones tienen que ser «reversibles» y las votaciones se tienen que poder «repetir». Zelai Nikolas, otra de las expertas que ha intervenido en el redactado, ha subrayado que «este instrumento propone que las instituciones asuman las consecuencias jurídicas de los ejercicios democráticos y que encuentren un acomodo para estas reivindicaciones».
Mantener la ciudadanía europea
Los eurodiputados de los Verdes, el Esquerra y los liberales de Renovar Europa defienden que las instituciones comunitarias han «de intervenir» cuando hay un «claro riesgo de violación de los valores europeos por parte de los estados miembro». El eurodiputado de ERC Jordi Solé ha subrayado en este sentido que la autodeterminación «no es una cuestión interna» y ha reclamado que la UE tenga su voz porque «se trata del ejercicio de derechos fundamentales de la ciudadanía europea, tendrán lugar dentro del territorio de la UE y porque el resultado de estos procesos puede implicar un cambio en la configuración de la propia la UE». De hecho, la propuesta plantea que los ciudadanos del nuevo estado mantengan la ciudadanía europea hasta que acabe la negociación, el reconocimiento y la integración en la UE.
El objetivo de la propuesta es, según ha relatado Solé, que la UE prevea «un marco democrático» donde a lo largo de todo el proceso «se respeten los principios democráticos, pluralismo y respecto al estado de derecho, respecto a los derechos fundamentales, prohibición del uso ilegítimo de la fuerza, etc». Es decir, garantizar y proteger derechos y libertades y el principio de no discriminación, comprobar la legitimidad del derecho a la autodeterminación, proporcionar seguridad jurídica, asegurar esta ampliación interna y, finalmente, actuar como mediador si no se respetan los principios fundamentales.
La aplicación de esta «ley de claridad europea» se podría hacer de forma inmediata porque no habría que modificar los tratados europeos. De hecho, el eurodiputado de ERC Jordi Solé ha dejado claro en este sentido que «es una propuesta que cabe en el marco jurídico de la Unión Europea». La eurodiputada de EAJ-PNB Izaskun Bilbao, por su parte, ha insistido que han articulado una propuesta que encaja perfectamente en los tratados de la UE. «No hay que cambiarlos», ha remarcado.
Plantea activar el artículo 7 del Tratado de la UE
Incluso, proponen que se pueda activar el artículo 7 del Tratado, que puede llegar a dejar el país en cuestión sin derecho a voto al Consejo de Europa. Este artículo permite suspender los derechos como miembro de la UE si un país infringe de «forma grave y persistente» los principios en que se basa la UE, establecidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y que hacen referencia al «respecto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, estado de derecho y respecto de los derechos fundamentales, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías».
