«No se pueden admitir desde un punto de vista ético y quizás también legal». Con esta contundencia justificó Sergi Miquel, el gerente de la Casa de la República y encargado de gestionar la relación entre el Consell de la República y CatGlobal -la entidad jurídica que da cobertura legal en Bélgica a la entidad del exilio- la negativa a pagar las vacaciones de Semana Santa de Toni Comín del año 2023. Así se desprende de la documentación que los responsables de CatGlobal remitieron a los miembros del gobierno del órgano del exilio, que ha sido remitida a una empresa de auditoría de cuentas para su análisis y a la cual ha tenido acceso El Món. Este es un ejemplo de cómo estaban de deterioradas las relaciones entre Miquel y Comín, por un comportamiento que el gerente consideraba mala praxis del eurodiputado. Tensiones que ya venían de tiempos atrás y que llevaron a un despido negociado de Miquel.
Los documentos sobre el caso concreto de estas vacaciones de Comín, que acompañaban la carta firmada por el núcleo directivo de CatGlobal con que reclamaron el relevo de Comín como interlocutor, son facturas, recibos y mails de queja sobre los gastos personales que se imputaban a la entidad que preside Carles Puigdemont. Entre el conjunto documental más llamativo hay las facturas de un vuelo, un coche de alquiler y el arrendamiento de una casa turística durante 17 días por las vacaciones de Semana Santa de Comín con su hija, del 31 de marzo al 17 de abril de 2023, que se elevarían, según las facturas reclamadas, hasta los 4.786,78 euros. Todas las facturas fueron dirigidas a CatGlobal y formarían parte de las irregularidades detectadas y denunciadas internamente.
Un mail de advertencia: «He dado instrucciones de que no se paguen»
Este gasto hizo poner el grito en el cielo al responsable de la gerencia del Consell de la República, que remitió un mail el 21 de abril de 2023 a todos los integrantes del gobierno del Consell, así como a su gabinete, además de a Jaume Bernis, el máximo responsable de CatGlobal y uno de los firmantes de la carta que reclama el relevo de Comín. En el mail, Miquel no podía ser más directo ni más claro. De entrada advertía de la «situación delicada» de las finanzas del Consell, que poco a poco se iban ordenando pero todavía con una «mejora» no «suficientemente estable». En este contexto, enfatizaba que «no se podían acometer gastos no previstos y, por lo tanto, no presupuestados y que tampoco se han comunicado antes, sin saber si hay posibilidades de llevarlos a cabo».
«Tengo la responsabilidad legal y ética de hacer que las asociaciones que dan cobertura al Consell no quiebren», dice Miquel, y pasa a argumentar su queja. Hace una relación de «gastos sobrevenidos que no están en el presupuesto» y que «no están previstos». Gastos que Miquel asegura que «no podemos asumir» y por las cuales ha tomado medidas sin miramientos. «He dado instrucciones de que no se paguen», subraya en el mail interno. En concreto, son tres gastos. Por un lado, los billetes de avión de Bruselas a Tolosa para Comín y su hija, de 227,43 euros. Un segundo gasto es el coche de alquiler para las vacaciones de Semana Santa, por un importe de 1.997,35 euros a la empresa Hertz, así como una casa de alquiler de vacaciones para 17 días, por un total de 2.562 euros, en la bucólica población de Paçà, en la Catalunya Nord. La casa es una residencia-bodega con un coste de 230 euros la noche, pero con un descuento de 100 euros cada noche. El total que Comín habría pasado como gasto de aquellas vacaciones sería un importe de 4.786,78 euros.
«Ni ético ni legal» y «podría ser motivo de querella»
En la misma comunicación, acompañada de las facturas, Miquel alerta a la dirección política y técnica que el gasto no se puede asumir de ninguna forma. «Desde el punto de vista estrictamente financiero este gasto extraordinario no previsto y no acompañado de ingresos no lo podemos asumir y, por lo tanto, he dado instrucciones para que no se le haga frente», sentencia. Y añade, con una extraordinaria dureza, que «desde el punto de vista ético, y quizás también legal tampoco se puede admitir como institución que pretendemos ser». En esta línea, asegura que «ni la Generalitat, ni el Parlamento de Cataluña, ni el Parlamento Europeo, para poner solo tres ejemplos de instituciones que conocemos, no lo aceptarían nunca». De hecho, llega a escribir que en el caso de la casa de vacaciones «podría ser motivo de querella y otras sanciones».
Justo es decir que, en el mismo correo, Miquel también refunfuña a los miembros de la Sindicatura Electoral del Consell por pasar una factura de unos vuelos para celebrar una reunión de gobierno. De hecho, solo se queja de que «no hay bastante dinero para hacerle frente», pero considera que está justificada a nivel «ético y moral». Una coletilla para mostrar la diferencia con los gastos que intentaba, según el correo electrónico, hacer pasar Comín. En este sentido, también reprocha que «no se ha avisado previamente» pero que harán «todo lo posible para hacerle frente» porque el proveedor es «dedicado y eficiente».
Carencia de transparencia
En la misma comunicación, que aporta las tres facturas, Miquel recuerda que ha acordado dejar el cargo en el mes de junio del mismo 2023 después de ser despedido por Toni Comín. Un despido que, según fuentes del Consell, fueron fruto de las decisiones de Comín y de «su carácter especial» con los colaboradores y trabajadores así como la dificultad que mostraba para cumplir los protocolos financieros de la Casa y sus obligaciones contables.
En todo caso, Miquel aporta las tres facturas y todo su contexto para acreditar la «carencia de transparencia» de la gestión. Así mismo, lamenta la falta de voluntad por parte de Comín para hacer un traspaso de la gestión coordinado y una «salida ordenada». Un hecho que atribuye a una «carencia de profesionalidad». La misiva de Miquel fue remitida a Toni Castellà, Guillem Fuster, Marta Ferrer, al mismo Comín, al Gabinete del Consejo en pleno y Jaume Bernis, máximo responsable de Cat Global.
Auditoría y silencio
Después de este primer mail, llegó la carta de los responsables de CatGlobal al Consell, difundida por este diario, con los documentos que apuntaban las irregularidades. El único miembro del gobierno del Consell que ha pedido explicaciones por escrito y se ha comprometido con los responsables de CatGlobal a exigir explicaciones sobre las acusaciones de irregularidades ha sido Aurora Madaula. El resto de integrantes, como Mercè Jou, Toni Castellà, Josep Andreu, Montserrat Rodillos, Teresa Vallverdú, Maria Antònia Font, David Caldeira o el mismo departamento de comunicación mantienen silencio o minimizan la situación, que atribuyen a «diferencias de criterios contables entre la legislación belga y catalana». A estas alturas, estos documentos están en la carpeta de la empresa designada para hacer la auditoría. Por su parte, Sergi Miquel no ha querido hacer ninguna declaración ni ninguna valoración de los hechos.
