El pulso entre el PSOE y Junts ha subido de tono estos últimos días a raíz del sonado fracaso de la regulación de los alquileres de temporada, que decayó en el último momento por el cambio de voto de los de Carles Puigdemont. A pesar de no ser una ley vital en la agenda legislativa de los socialistas, el fracaso de la tramitación les ha dejado descolocados. “Creo que Junts tiene que repensar lo que hace”, aseguraba el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. La Moncloa atribuye el “cambio de actitud” de los juntaires a la investidura de Illa y confían que con el paso del tiempo volverán al diálogo, pero en la sala de máquinas del gobierno español crece la preocupación por la dependencia de un partido que consideran imprevisible.
El análisis que hacen a la bancada de Junts es totalmente opuesto. Critican las formas del gobierno español, a quien acusan de querer imponer sus leyes sin negociarlas antes, y recuerdan a Pedro Sánchez que hay muchos acuerdos anteriores pendientes de ejecutar, como la oficialidad del catalán en Europa, la mejora de la ejecución presupuestaria en Cataluña o el traspaso en la Generalitat de las competencias en inmigración. También la aplicación de la ley de amnistía, que de momento no ha facilitado el retorno de Puigdemont. “O cumplen los acuerdos, o derrotas parlamentarias. O nuestros acuerdos, o sus derrotas”, los espetó el diputado Josep Maria Cruset el día siguiente a la enésima derrota del PSOE en el Congreso. Horas más tarde, el propio Puigdemont recordaba a Sánchez que está “en minoría” y que es el gobierno español quien tiene que buscar los apoyos para aprobar las leyes.
Relaciones distantes y sin adelantos en las carpetas pendientes
El enfriamiento de las relaciones entre ambos partidos, que no se reúnen al más alto nivel desde hace tiempo, según Ferraz, amenaza de paralizar el Congreso. La pasada legislatura se aprobaron unas 200 leyes. En el primer año de esta solo han aprobado 12 —entre ellas, la de la amnistía— y el gobierno español ya ha sufrido 35 derrotas parlamentarias. Una muestra clara de la fragilidad de la mayoría de investidura de Pedro Sánchez, que depende de hasta siete partidos para sacar adelante su agenda legislativa. Lo que más quita el sueño a la Moncloa es la dificultad para cerrar acuerdos con Junts.
El grupo que lidera Míriam Nogueras ha optado para alargar al máximo todas las negociaciones, hasta el punto de llegar a decidir el sentido del voto minutos antes de la votación. Pasó con los dos decretos anticrisis aprobados en enero que se salvaron en el último momento a cambio de competencias en inmigración y ha vuelto a pasar esta semana con el alquiler de temporada. Al ver que el PNV y Coalición Canaria permitirían la tramitación de la ley, Junts optó por alinearse con el PP y Vox y votar en contra. Fuentes del PSOE aseguran que en ningún momento los de Puigdemont mostraron su rechazo frontal a la tramitación y lamentan la dificultad de entenderse con ellos.
Las competencias en inmigración y la amnistía tensan la relación
De todas las carpetas pendientes, las que tensan más la relación de Junts y el PSOE son la aplicación de la ley de amnistía y el traspaso de las competencias en inmigración. La negativa del Tribunal Supremo de aplicar la amnistía a Puigdemont y el resto de exiliados no ha cogido por sorpresa a Junts, que, en cambio, sí que ha echado en falta una respuesta más contundente por parte del gobierno español. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reclamado esta misma semana a Pedro Sánchez que no deje impune la “prevaricación” de los jueces españoles y que, si hace falta, vaya a los tribunales para forzarlos a aplicar la amnistía.
Muy diferente es la cuestión del traspaso de las competencias en inmigración. Los dos partidos hace semanas que trabajan para redactar una ley y presentarla de manera conjunta en el Congreso, pero las líneas rojas de los socialistas impiden llegar a un consenso. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insistía estos días que el control de fronteras y la gestión de los flujos migratorios se quedarán en manos del Estado porque son “competencia exclusiva” suya. “Hay otros muchos aspectos relacionados con la inmigración que sí que pueden ser competencias de las comunidades autónomas, y en los que podemos trabajar siempre en el marco de la legislación española y el derecho europeo”.
Para Junts, en cambio, todo el que no sea un traspaso “integral” de las competencias lo considerarán un incumplimiento del acuerdo y amenazan de continuar tumbando leyes. “Si ustedes no cumplen con Junts, ustedes no tienen el que necesitan, nuestros siete votos. De hecho, este primer año han podido aprobar pocas cosas, porque esto del pieza a pieza y los acuerdos vemos que los cuesta”.
