La lucha contra la piratería en el mundo del fútbol se ha cobrado una víctima inesperada. LaLiga logró que un juzgado les autorizara bloqueos dinámicos de direcciones IP para proteger sus derechos audiovisuales y, de esta manera, evitar que sus partidos se reproduzcan por canales no oficiales. Sin embargo, estos bloqueos también han afectado a otras aplicaciones que utilizan los mismos cortafuegos que las webs por donde se retransmiten ilegalmente los partidos de fútbol. En conversación con El Món, la portavoz de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, denuncia que la lucha contra la piratería en el fútbol ha bloqueado otras aplicaciones como Transporta’m, impulsada por esta entidad voluntaria para informar a los usuarios ferroviarios de los horarios y retrasos: «Ya la utilizan más de 50.000 personas», exclama la portavoz.
Es decir, cada fin de semana la aplicación deja de funcionar para los miles de personas que la utilizan para informarse de los retrasos y las incidencias del servicio de Rodalies: «Sabemos que el fútbol es un negocio y que el propietario quiera protegerlo; pero una cosa es protegerlo y otra es acabar bloqueando otras empresas o en nuestro caso un servicio público», argumenta Gómez, que reclama alguna solución para evitar que el bloqueo de LaLiga afecte su aplicación. «Cada vez hay más gente que la utiliza porque la información sigue siendo un problema», admite la portavoz de la plataforma impulsora de Transporta’m, que pide que se les «desvincule» de las páginas web que sí «hacen piratería».
ERC pide explicaciones en el Congreso
La lucha contra la piratería en el fútbol también ha afectado a otras empresas que también utilizan software gratuito para sus páginas web y aplicaciones, como el servicio de Steam o algunas páginas institucionales. Teniendo en cuenta esta situación, desde Esquerra Republicana han pedido explicaciones al gobierno español desde la cámara baja. Los republicanos alertan que la estrategia antipiratería de LaLiga pone en riesgo «la neutralidad de la red y la libertad de información»: «Plantea un precedente preocupante: el poder de una empresa privada para ordenar bloqueos masivos sin suficiente control democrático ni garantías para los derechos fundamentales», argumentan desde ERC, los cuales exigen al ejecutivo de Pedro Sánchez que aclare «qué medidas piensa adoptar para asegurar la proporcionalidad de estos bloqueos, el papel de los organismos reguladores y si se establecerá un marco normativo que impida actuaciones indiscriminadas».
