Nuevo informe de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña sobre lo que hasta ahora se ha considerado una de las joyas de la corona de la administración catalana: el servicio público de Salud. En esta ocasión es un nuevo informe, firmado por la síndica Maria Àngels Cabasés, sobre el servicio de hemodiálisis. Según el informe, al que ha tenido acceso El Món, el “trabajo de fiscalización ha puesto de relieve problemas cruciales de gobernanza que afectan la planificación de los puntos de atención hemodialítica, la concurrencia de la contratación del servicio y la justificación de su externalización”.

También pone la lupa en los costos y destaca que el servicio no está pensado para “la prevención de la enfermedad renal crónica, el volumen de tratamientos domiciliarios, el acceso vascular de los pacientes, el transporte sanitario del paciente renal y también el control y la evaluación de los contratos”. “La política de prestación del servicio extrahospitalario de diálisis no garantiza un marco de actuación que responda a los principios de economía, de eficacia y de eficiencia, ni a criterios propios de la evaluación de políticas públicas, en la pertinencia, la coherencia de la política, la equidad y la gobernanza de la intervención pública”, concluye el informe.

Maria Àngels Cabasés, en una intervención en el Parlamento/Parlamento
Maria Àngels Cabasés, en una intervención en el Parlamento/Parlamento

98 millones de gasto

La auditoría destaca que en el año 2022 el 45,3% de las sesiones de diálisis se realizaron por parte de centros extrahospitalarios ―3.295 pacientes―, mientras que el resto, 54,7% ―3.514 pacientes―, las realizaron centros hospitalarios de la red hospitalaria de utilización pública. El servicio extrahospitalario se realizaba en los centros contratados o concertados por parte del Catsalut. El sistema de diálisis extrahospitalaria se llevaba a cabo en centros de diálisis contratados por el CatSalut mediante contratos administrativos de gestión de servicios con empresas principalmente privadas y con una empresa pública. En total, el gasto fue de 97,85 M€ el ejercicio 2022.

Los números que maneja la Sindicatura hacen concluir a los auditores que «el costo de la prestación del servicio no está acreditado a partir de un desglose o estudio de costos que justifique las tarifas que el CatSalut paga a los centros«. Es decir, que ningún concepto permite establecer si el costo está suficientemente justificado. El costo anual que el CatSalut asume por un paciente en hemodiálisis extrahospitalaria, calculado por la Sindicatura (47.744 €), supera el costo de la hemodiálisis hospitalaria (42.461 €) y el de la diálisis peritoneal (29.724 €).

«El CatSalut no cuenta con un sistema de validación suficientemente robusto de la facturación para prevenir, evitar o revertir la posibilidad de que en algunos centros hayan facturado servicios no realizados», señalan los síndicos. Y alertan que «se han detectado facturas de sesiones de diálisis de diferentes centros para el mismo paciente y día».

Una paciente en pleno servicio de diálisis en la Vall d'Hebron/ACN
Una paciente en pleno servicio de diálisis en la Vall d’Hebron/ACN

Planificación obsoleta

La auditoría pública también desgrana el «plan estratégico de ordenación de la atención al paciente nefrológico». Los síndicos lo califican «de obsoleto» y critican que no se haya actualizado, sobre todo en» aspectos clave como la definición de las funciones de los niveles asistenciales y los criterios territoriales de apertura de nuevos puntos de atención». «El volumen de la actividad contratada no varió en función del número de pacientes que necesitaban hemodiálisis», destaca. Asimismo, señala los altos niveles de facturación. «En 10 centros la actividad facturada superó el importe máximo fijado en las cláusulas adicionales de los contratos en un total de 8,41 M€«, subraya la Sindicatura.

Además, el informe critica que el pliego de necesidades de la contratación extrahospitalaria «no estaba suficientemente justificado». Una situación que los auditores no ven nada clara apuntando irregularidades en las concesiones. «A juicio de la Sindicatura hay hechos que podrían constituir indicios de comportamiento colusorio entre las empresas ganadoras del concurso», añaden.

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