«Más allá de su protección física, hay que evitar la vulneración de derechos relativos a la intimidad y honor, así como garantizar que puedan desarrollar su actividad política o institucional con seguridad». Este es el argumento del Área Central de Medios Técnicos y Apoyo Operativo (ACMTSO) de los Mossos d’Esquadra –una unidad clave del cuerpo que alimenta logísticamente los operativos– para llevar a cabo una nueva compra en condiciones de «confidencialidad». En concreto, se trata de tres equipos altamente sofisticados para localizar y neutralizar balizas de localización, aparatos de captación de imagen o aparatos de grabación con los cuales jueces, fiscales y miembros del Gobierno pueden ser espiados y ser objeto de chantaje si no quieren que se difundan sus datos en la red.
Unos aparatos que, según la memoria justificativa de la compra, a la cual ha tenido acceso El Món, los Mossos d’Esquadra quieren para parar «el incremento del conjunto de amenazas sobre la actividad que desarrollen los representantes de los organismos públicos como gobierno catalán, Fiscalía o el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña«. La dirección técnica de la policía insiste en que, para «efectuar vigilancias y seguimientos en tareas de información e investigación», los Mossos se tienen que poner al día ante la «vulnerabilidad», causada por las nuevas tecnologías, de los «derechos al honor y a la intimidad de los cargos públicos, de los cuales pueden obtener información que puede ser utilizada por terceros con intereses no legales».
De las tres empresas invitadas a este concurso restringido, la única que se presentó, según la apertura de sobra del pasado 17 de abril, fue General de Comunicaciones y Seguridad SA, que formalizó una oferta de 78.589,50 euros, menos de mil euros por debajo del presupuesto máximo que marcaba el departamento de Interior, de 79.497 euros. Una empresa de Madrid especializada en «contramedidas» y «barridos» de alta seguridad y que tiene el aval de Incibe, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y es miembro de
«Cambios vertiginosos en la tecnología» del espía los últimos diez años
La adjudicación se concreta en tres equipos para controlar entornos y movimientos, inhibir comunicaciones exteriores y hacer barridos para detectar micrófonos o cámaras escondidas de control remoto. En detalle, se trata de un «equipo de análisis de señal electromagnética, analizador de movilidad, para localizar dispositivos emisores de señal». También hay otro equipo para «detección y análisis de emisiones no normalizadas de radiofrecuencia», y un último aparato para «la investigación de dispositivos emisores de señales», es decir, para hacer barridos de vehículos, despachos y salas. Estos tres equipos pueden frenar el riesgo de vulnerabilidad de la intimidad de los miembros de la fiscalía, ejecutivo o tribunales de los cuales los Mossos tienen que tener cura.
En este sentido, el informe que acompaña el dosier de adjudicación de los equipos subraya que «en el decurso de los últimos 10 años se han producido de manera vertiginosa muchos cambios sociales, económicos y políticos que han derivado en un incremento del conjunto de amenazas sobre la actividad que realizan representantes de los organismos públicos como el gobierno catalán, TSJC o Fiscalía». En este contexto, los analistas de la policía catalana resaltan que «están sometidos a mayor exposición e interés general, motivo por el cual, más allá de su protección física, hay que evitar la vulneración de derechos relativos a la intimidad y honor, además de garantizar que puedan desarrollar su tarea profesional o institucional con seguridad».
Equipos que a los Mossos les han quedado obsoletos
La policía pone estos factores con relación a «el incremento de la tecnología disponible al mercado que permite la toma de imágenes, así como el registro de audio y video». «Una tecnología que», avisan, «se puede incorporar en equipos de medida muy discreta y puede ser instalada de forma sencilla y relativamente rápida en lugares públicos o privados con un coste relativamente reducido». «De aquí», concluye el informe, «que se haya democratizado el acceso en esta nueva tecnología para un elevado número de personas con intereses tan heterogéneos como podrían ser el espionaje profesional, la extorsión o aprovechar vulnerabilidades mediante la obtención de información de la vida privada o pública del representante».
En este punto, los analistas remarcan que un «elemento característico de estos nuevos tiempos es la agilidad que permiten las redes sociales en la distribución de los contenidos de interés, así como cierto anonimato de quien ha hecho la difusión». «El derecho al honor y a la intimidad presentan una mayor vulnerabilidad porque técnicamente es más sencillo acceder a cualquier tipo de información con la voluntad de ser utilizada por terceros con intereses no legales», indica el informe. En el marco de esta amenaza, la Jefatura de los Mossos quiere actualizar las armas para evitar, o cuando menos reducir, este riesgo, porque actualmente los equipos que podían hacer esta función tienen más de diez años y son «obsoletos tecnológicamente».
«Se pueden comprometer las operaciones»
El informe deja claras las funcionalidades de los nuevos aparatos que adquieren los Mossos para detectar «equipos encubiertos». «Los equipos y sistemas de análisis de señales radiofrecuencia, analizadores de movilidad, de líneas telefónicas, receptores de detección de campo y detectores GSM están destinados a hacer un barrido amplio y eficiente orientado a la detección de todos aquellos equipos que estén emitiendo en una amplia banda de frecuencias y son indispensables para la localización de equipos encubiertos«, señala el texto. De hecho, los Mossos también enfatizan que los nuevos aparatos pueden hacer la investigación y detección, tanto si los equipos de espionaje se encuentran «en fase de emisión o en fase de ocultamiento sin emisión, en cuanto que la gran mayoría de equipos encubiertos permiten la emisión de los registros capturados de forma programada cuando sea de interés».
El informe insiste en que «no tener esta clase de equipos compromete las operaciones de investigación y, por lo tanto, la efectividad en las operaciones y, obliga el operativo a utilizar equipos antiguos con muchas carencias técnicas que generan incertidumbre en los resultados». En este sentido, remarcan que la necesidad es urgente porque solo en el decurso del año 2022 ha habido molido volumen de trabajo a las consejerías, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, de manera más esporádica, a la Diputación de Barcelona y en el Ayuntamiento de Barcelona. «Hay que tener en cuenta que», aduce esta memoria, «estas necesidades cada vez son más exigentes, puesto que se realizan un elevado número de inspecciones y lo material utilizado por los criminales cada vez es más sofisticado, y disponer de estos recursos es una de las herramientas más importantes y necesarias para prevenir ataques contra intereses de seguridad, sociales, políticos y económicos de la sociedad».
