En las grandes organizaciones hay decisiones que no entiende nadie. Ni los partidarios de la dirección ni los detractores. Uno de los últimos ejemplos es la última decisión de importancia del director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, respecto a la poderosa Comisaría General de Información de los Mossos d’Esquadra (CGINF). En concreto, la purga del número dos de Información, el intendente David Sánchez, uno de los pocos miembros del cuerpo que defendía aplicar más «inteligencia que reacción» y un gran experto en yihadismo y extremismos violentos, aunque aún arrastraba la costumbre de mantener en el podio de los riesgos a los famosos anarquistas italianos que impuso el histórico comisario Manel Castellví, conocido internamente con el sobrenombre de capitán Lambrusco.
Sánchez siempre mantuvo un papel discreto hasta los últimos años, cuando abrió más las tareas de Información a la prensa. El intendente, después de años como subdirector de la CGINF y jefe de la Unidad de Prevención de Extremismos Violentos. Pero su gran especialización técnica era el yihadismo islamista. Ahora, Trapero lo ha enviado al Área Básica Policial del distrito de Sant Martí de Barcelona con la excusa de que las jubilaciones han dejado muchas vacantes y es necesario que los mandos «coman territorio» y conozcan las «vicisitudes de la seguridad ciudadana». Unos argumentos que han hecho llevarse las manos a la cabeza a varios mandos y agentes de la Comisaría, que no se tragan esos motivos y ven otras razones menos prosaicas. «Nadie sabe más de radicalismo que él», alertan las mismas fuentes.
¿Una venganza?
De hecho, consideran la decisión una especie de «venganza». En primer término, mandos consultados por El Món califican la decisión de «escándalo», aunque admiten que no tenían una especial relación con Sánchez, siempre alejado de la habitual y constante «guerra de gorras» dentro del cuerpo. «Era uno de los grandes reservas sobre yihadismo, valorado por todos los compañeros de las otras policías y agencias de información con quienes los Mossos han trabajado en los últimos años», señalan. Otros son más concretos y apuntan diferencias estratégicas con el jefe de la CGINF, el intendente Carles Hernández, que aún no ha digerido que la anterior prefectura y la anterior dirección de la Policía no lo ascendieran a comisario.
Hernández provenía de la Brigada Móvil. De hecho, fue uno de los testigos que la sala penal del Tribunal Supremo aprovechó para justificar la escandalosa pena de prisión a Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. Además, el intendente, aunque es bastante valorado por los dragones -como se conoce en el argot policial a los miembros de los antidisturbios de los Mossos- no ha asumido el cambio de funciones y «ha querido convertir Información en hurones«, es decir, agentes de paisano de seguridad ciudadana que también recogen información sobre el terreno. Hernández también ha insistido en mantener el control sobre el independentismo, una de sus obsesiones, como la izquierda radical y anticapitalista, mientras que es más indulgente con la extrema derecha. Asimismo, ha defendido más la opacidad de la CGINF, hasta el punto de generar problemas en la comisión de gastos reservados del Parlamento.
Sánchez, el hombre que alertó de las ‘banlieues’
Sánchez, en cambio, apostaba más por la «prevención que por la reacción» y defendía mantener más el control de la información dentro de los Mossos para llevar la iniciativa en los análisis y las investigaciones. Hernández, en cambio, ha preferido acercarse al Cuerpo Nacional de Policía o al Servicio de Información de la Guardia Civil y cederles el protagonismo de las investigaciones. Sánchez es el padre de uno de los planes de actuación más exitosos de la policía, el Proderai, el Protocolo de Prevención, Detección e Intervención de Procesos de Radicalización en los centros educativos.
Pero, cuando realmente saltó a la palestra, fue durante la posterior investigación de los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils. Uno de los pocos atestados valorados de los Mossos fue el Informe Camins, que describía el proceso de radicalización de la célula de Ripoll. Uno de los puntos fuertes de su currículum fue la codirección del trabajo de identificación de los 32 barrios catalanes que alertaba que, si no se interviene con un plan integral, podían convertirse en banlieues, en referencia al término francés para definir barrios de la periferia de las grandes ciudades que, en algunos casos –los hay residenciales y los hay pobres, que son los que preocupan porque se han producido incidentes y revueltas con disturbios–, son de difícil control para la administración, los servicios y la seguridad.
La purga de Sánchez responde a estas diferencias en la manera de trabajar y en la fidelización que Trapero ha buscado con Hernández. Una decisión directa por parte del director, sin que el comisario en jefe del cuerpo, Miquel Esquius, haya pintado nada. En cambio, sí que ha tenido el aval de la número tres del cuerpo, la comisaria Alícia Moriana, más partidaria de la Brimo que de Información y más partidaria de la reacción que de la prevención, como hizo notar en la Cataluña Central, donde, por cierto, ha mejorado la percepción de seguridad desde que el veterano comisario Carles Anfruns se ha hecho cargo de la región policial.
