Finalmente, el Departamento de Interior ha aprobado poner el buey ante el carro y empezar a aplicar, más de medio año después, alguna de las conclusiones más representativas de la Comisión sobre el Modelo Policial del Parlamento que terminó los trabajos el pasado mes de diciembre. De momento, a la espera de encontrar un relevo para los proyectiles más duros de foam, Interior ha empezado la licitación de 800 cámaras unipersonales para grabar las actuaciones de la policía. Curiosamente, la memoria justificativa de esta compra, a la cual ha tenido acceso El Món, subraya que estas cámaras, además de hechos delictivos, servirán para detectar «la comisión de infracciones administrativas graves o muy graves». Es decir, para reforzar las sanciones en aplicación de la ley mordaza, de la cual el Gobierno, paradójicamente, se enorgullece de reducir los efectos. También servirán para proveer los escopeteros de las unidades de orden público y a los agentes armados con pistolas eléctricas.
Según la licitación, la Dirección General de la Policía del Departamento de Interior ha presupuestado 1.097.470,00 euros, IVA incluido, para la compra del Sistema de Dispositivos Personales de Grabación (DPG) para los Mossos d’Esquadra. Un precio que tiene que incluir 800 cámaras unipersonales, el software de gestión (alojado en servidores externos en la Dirección General de la Policía – DGP) y un servicio de mantenimiento informático. En esta línea, los Mossos también tienen presente que estas cámaras son obligatorias para el uso de las pistolas eléctricas. De hecho, no son las primeras cámaras que compra la policía catalana, que ya tiene 184 compradas entre el 2018 y el 2022, pero algunos modelos están fuera de mercado o descatalogados y sin servicio técnico. Por ahora, solo hay 45 cámaras a pleno rendimiento. Los Mossos han hecho manos y mangas para encontrar presupuesto y material para adquirirlas.
800 aparatos para 6.000 usuarios
El plan de prescripciones técnicas detalla como se gestionará la cantidad de información que acumularán estos dispositivos. En este sentido, hay que subrayar que los 800 dispositivos unipersonales de grabación tendrán capacidad para grabar el que puedan hacer 6.000 usuarios. Además, a pesar de que los datos e imágenes recogidas vayan a un servidor externo para ser almacenadas, Interior exige a los proveedores que «la operatividad del sistema no se tiene que ver afectada en caso de superar la cuota de almacenamiento contratada». Por otro lado, el contrato también incluye que las cámaras puedan retransmitir en directo a través de la tecnología 3G/LTE sin necesidad de tener un dispositivo adicional.
Por otro lado, el Intendente Josep Saumell, jefe de la División Técnica de Planificación de la Seguridad, es decir, lo
La memoria también destaca que con la compra se podrán armar más policías con pistolas eléctricas (Dispositivos Conductores de Energía, en el argot policial). Un objetivo prioritario del departamento de Joan Ignasi Elena, porque las califica «de herramienta muy valiosa para dar una respuesta adecuada a determinadas actuaciones policiales». El documento también prevé que las cámaras puedan utilizarse en otros servicios. En especial, para «dotar de más dispositivos las unidades de orden público para el uso de las lanzadoras y dar, de esta forma, cobertura al requerimiento parlamentario de trazabilidad en el uso de este recurso en actuaciones de orden público». Un sistema que el mismo Saumell no acaba de ver claro. Y «ampliar funcionalidades, principalmente, incorporando la retransmisión en directo del video y posicionamiento GPS de los dispositivos».
