El consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, tiene una guerra particular con su homólogo en el Estado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Se trata de la aplicación de la polémica ley mordaza, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que varios sectores sociales, jurídicos y políticos cuestionan. A pesar de las dudas, el debate y los intentos, no hay manera que las formaciones se pongan de acuerdo para reformarla, y todavía menos para derogarla, como prometieron los partidos del gobierno español, PSOE y Unidas Podemos, durante la campaña y cuando firmaron el pacto de investidura de Pedro Sánchez.
Mientras una propuesta rebajada de la reforma de la norma se encallaba en el Congreso, la consejería de Interior de la Generalitat ha decidido empezar a reducir la aplicación de la polémica ley. Para demostrarlo –en plena campaña electoral–, el departamento del consejero Joan Ignasi Elena ha publicado una estadística con la cual asegura que las sanciones por la ley mordaza vinculadas a las manifestaciones o desahucios han caído un 38% a raíz de la aplicación de los nuevos criterios que ha impuesto la dirección política de Interior. Una bajada que compara con los criterios duros del ministerio, a pesar de estar en manos de un partido que se considera progresista, el PSOE, que Elena acusa de querer aplicar la norma con «mano dura».
Según fuentes del departamento, es un dato muy bueno, pero «todavía puede mejorar». Es más, ahora la estrategia implicará evitar el que se conoce como
Medidas impuestas el mes de febrero
Esta estadística es producto, según el departamento, del anuncio de Elena el pasado mes de febrero sobre la aplicación de unos nuevos criterios jurídicos con relación a la ley mordaza por «hacer prevalecer derechos fundamentales» como por ejemplo el derecho de manifestación, de información o libertad de expresión en «contextos como por ejemplo manifestaciones y desahucios de carácter pacífico». La aplicación de los nuevos baremos empezó la segunda mitad del año 2022.
La base jurídica de las nuevas instrucciones para reducir las sanciones ha sido la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional. Dos magistraturas que fijan que el ejercicio de derechos fundamentales prevalece siempre que sea de carácter pacífico. Por eso, Interior, concretamente la dirección de Administración de la Seguridad, en manos de Sònia Andolz, ha permitido reinterpretar la dureza de las sanciones que establecían los artículos 36.4, 36.6 o 37.4 de la ley mordaza. Es decir, sanciones para obstruir la acción de una autoridad que cumple resoluciones judiciales o administrativas; la desobediencia o resistencia a la autoridad, así como la negativa a identificarse o dar datos falsos o las faltas de respecto a los agentes de la autoridad.
La comparativa y la reducción de las sanciones
Interior parte del análisis de los 10 meses previos a la aplicación de los nuevos criterios- es decir, entre septiembre 2021 y junio 2022-, con los 10 meses posteriores (julio 2022 – abril 2023). En el primer periodo se impusieron 9.710 sanciones, y en el segundo periodo, 5.996. Esto quiere decir, que se han impuesto un 38,2% menos de sanciones en los artículos 36.4, 36.6 y 37.4. La tendencia continúa durante los cuatro primeros meses del 2023, donde las sanciones han caído un 43% con relación en el mismo periodo del 2022, que han pasado de 3.906 sanciones a 2.231.
Pero este recorte no solo se procede en el trámite de las sanciones, detrás pasa de la de cadena desde que se denuncia un hecho. Si no que Interior archiva directamente un 27,7% más de expedientes, ya que se considera que los hechos descritos se enmarcan en el ejercicio de derechos fundamentales. En detalle, 10.417 expedientes iniciados antes de los nuevos criterios y 7.529 después de los nuevos criterios. Así, según la estadística de Interior, con los nuevos criterios, la aplicación del artículo 36.4 de la ley Mordaza que castiga la acción de impedir la comitiva judicial, ha supuesto una rebaja del 35% de sanciones, y ninguna sanción impuesta durante el 2023. Además, se han archivado el 98% más de expedientes.
Por el que hace la desobediencia, del artículo 36.6, se han reducido un 47,2% las sanciones con los nuevos criterios. En los cuatro primeros meses del 2023 se han rebajado un 56% con relación en el mismo cuatrimestre del 2022. Y se han archivado un 38% más de expedientes con los nuevos criterios. Sobre la aplicación del 37.4 de la ley, carencia de respecto a los agentes de la autoridad, se han rebajado en un 29% las sanciones con los nuevos criterios. Además, durante los primeros cuatro meses del 2022 se han recortado un 27% las multas respeto el mismo periodo del año 2022. También se han archivado un 12,5% las sanciones.
