La Costa Brava es uno de los pequeños paraísos que tiene Cataluña, tanto en el aspecto turístico como en el medioambiental. Una de las grandes estructuras del litoral de la Costa Brava es el camino de ronda, el trayecto que une Blanes y Portbou y que comunicaba las poblaciones costeras y era utilizado por los carabineros de costas y fronteras para vigilar el litoral. Actualmente, el camino de ronda es un camino de paseo y uno de los grandes atractivos de esta zona de Cataluña. Pero en Colera, en el Alt Empordà, se han encontrado con un inconveniente inesperado: una propiedad privada ha instalado cercas perimetrales incumpliendo la legalidad que marca la ley de costas, tal como denuncia la organización ecologista SOS Costa Brava, una entidad que organizó el pasado domingo, 6 de octubre, una manifestación para reclamar la reapertura del tramo del camino de ronda en este punto y la retirada de las cercas perimetrales. Y las respuestas de la administración –la municipal y la de la Generalitat– oscilan entre el silencio y limitarse a hacer constar que no tienen constancia de nada. En medio de la tela de araña burocrática, activistas de la zona denuncian los hechos, pero las protestas no producen ningún efecto y el Ayuntamiento no da ninguna explicación.
El Ayuntamiento no responde
El colectivo ecologista, que ya ha denunciado los hechos al Ayuntamiento de Colera, destaca que la propiedad de la finca habría instalado estas cercas perimetrales sin ningún tipo de permiso urbanístico y sin respetar la ley de costas. El Món ha intentado insistentemente ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Colera, que ha eludido durante dos semanas hablar del caso y exponer su posición. De hecho, después de solicitar la información por escrito como pidió el servicio de prensa, hubo un nuevo intento de contactar telefónicamente. Y la persona de centralita que respondió a la llamada advirtió, literalmente: «Si hubieran tenido interés en responder a vuestro correo, lo habrían hecho».
Inacción administrativa y organización popular
Jordi Palaudelmàs, miembro de la plataforma aturem la C-32 y SOS Lloret, señala en conversación con El Món que desde la asociación ecologista presentaron una instancia el pasado 29 de julio al Ayuntamiento de Colera para abrir un expediente urbanístico contra la propiedad «para que se investigue qué ha pasado». Palaudelmàs denuncia que «no hay constancia de que la propiedad tenga permiso para realizar las obras» que han supuesto la instalación de una cerca perimetral en la finca de Garbet. El ecologista asegura que, además, no hay posibilidad de que la propiedad hubiese obtenido los permisos correspondientes «ya que es un suelo no urbanizable y no se puede cerrar a menos que se tenga una explotación agrícola o ganadera».
Fuentes del Departamento de Territorio de la Generalitat de Catalunya señalan que no tienen constancia de «ninguna denuncia por la ejecución de obras de instalación de cercas perimetrales sin el permiso de obra correspondiente». «Tampoco tenemos constancia de que se haya otorgado ningún tipo de permiso de obra», añaden. El departamento, sin embargo, sí que señala unos hechos de este mismo año, ya que el 20 de marzo del 2024 «se denegó una solicitud de obras de rehabilitación y sustitución de la cerca perimetral existente en aquel momento en la finca». La negativa por parte de la Generalitat se produjo basándose en un informe de septiembre de 2023 -elaborado por el Servicio Provincial de Costas del Estado en Girona- «que exigía al propietario de la finca (situada dentro de la zona de servidumbre de protección de anchura 100 m) que presentara un documento que acreditara la legalidad de la cerca que quería sustituir (de acuerdo con la ley de costas)».
Palaudelmàs se muestra muy contundente sobre la situación legal de estas obras, las cuales asegura que son «ilegales e ilegalizables», ya que, según el ecologista, este espacio «se encuentra dentro de la red natura 2000», la red europea de espacios naturales que tiene como objetivo hacer compatible la protección de las especies y los hábitats naturales y seminaturales con la actividad humana que se desarrolla en ellos, y que, además, esta instalación de cercas está obstaculizando «el acceso a la playa de Garbet mediante el camino de ronda». Palaudelmàs añade que estas obras «no respetan la servidumbre de paso», que es la franja de 6 metros medidos tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar que debe dejarse permanentemente expedita, tanto para el paso de peatones como para los vehículos de vigilancia y salvamento, excepto en espacios que estén especialmente protegidos que establece la ley de costas.
El ecologista se muestra contundente en su análisis, y pide que «se retire la cerca y la instalación de los postes de soporte» asegurando que se trata de una «usurpación de bien público» y señala que, para la construcción de estas cercas perimetrales los postes «han sido cimentados en tierra, con perforaciones y movimientos de tierra». Uno de los aspectos que destaca Palaudelmàs es que estas cercas obligan a los peatones a entrar al agua, con el riesgo que conlleva y seguir el camino de ronda por el agua.
Manifestación contra la propiedad
El pasado domingo 6 de octubre SOS Costa Brava convocó una manifestación de rechazo contra esta instalación de cercas perimetrales en el camino de ronda. El acto reunió en la cala Port Joan a más de 200 personas para reivindicar la reapertura del camino de ronda entre la playa de Garbet y esta cala. Los manifestantes incluso llegaron en kayak portando una pancarta en la que se podía leer «recuperemos el camino de ronda». SOS Costa Brava, además, denuncia que durante la manifestación -y a consecuencia de tener cerrado el paso del camino de ronda- dos personas se accidentaron resbalando por las rocas, unos hechos por los cuales señalan que «se necesitó la presencia de los bomberos para evacuarlas, al tratarse de un lugar de difícil acceso».
