Durante el franquismo era habitual que los nombres de municipios catalanes se cambiaran al castellano sin motivo y por imposición. Es el caso de municipios como Castillo de Aro, Mora de Ebro, Mora la Nueva, San Quírico Safaja, Aliñá… El 1978, con la caída de la dictadura, estos topónimos volvieron a ser los habituales en todas partes… excepto en una localidad que todavía mantiene hoy en día el topónimo castellanizado. Se trata de Cabacés, municipio del Priorat que continúa escribiéndose con la grafía castellana porque los habitantes quisieron mantenerla por «tradición» después de la dictadura. El nombre de este pueblo se ajusta a las normas ortográficas castellanas y no a las catalanas. El exónimo castellano es el oficial, a pesar de que hay una reivindicación para que el municipio vuelva a llamarse Cabassers, su nombre en catalán.
Así, el topónimo Cabacés es el oficial, pero el correcto y defendido por el Instituto de Estudios Catalanes es Cabassers. Esta es la forma catalana que intenta reimplantarse para huir de la castellanización de este topónimo que por ahora continúa siendo el oficial. Cabacés se acentúa según las normas ortográficas castellanas del 1738 y la primera vez que se encuentra constancia de este topónimo es en un documento de 1742. El 1868 el Instituto Geográfico y Estadístico español fijó Cabacés como nombre oficial, a pesar de que muy a menudo se encontraba escrito como Cabasés en un intento de mantener la pronunciación catalana. Cabacés no se implantó completamente hasta que el franquismo no la impuso una vez ganada la Guerra Civil. Poco importó que la Generalitat lo hubiera oficializado el 1933.
Campaña para que el pueblo vuelva a llamarse Cabassers
Carles Prats es uno de los impulsores de una campaña que se ha puesto en marcha en Cabacés para pedir oficialmente al Ayuntamiento que adopte como forma oficial del topónimo la forma normativa catalana, es decir, Cabassers. También se han dirigido al Departamento de la Presidencia de la Generalitat para que resuelva las contradicciones jurídicas que genera que el municipio no cumpla las disposiciones sobre política lingüística a la toponimia oficial como el resto de localidades.
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