Una de las reclamaciones más insistentes de los funcionarios de prisiones que se manifiestan estos días ante los centros penitenciarios es el reconocimiento de su tarea como agentes de la autoridad. «Las agresiones les salen de balde a los internos», es una de las frases más pronunciadas por los centenares de personas que en un momento u otra del día hacen guardia a la barricada de la prisión de Lledoners, en el Bages. Precisamente, una de las prisiones con más ratio de presos por funcionario de prisiones. Muchos de los que estos días reivindican la figura del funcionario de prisiones y exigen la dimisión de la consejera de Justicia, Gemma Ubasart, remarcan como es «de habitual» que un interno agreda, insulte o incluso, escupa a un funcionario.
El Departamento de Justicia presentó la última estadística sobre incidentes en los centros penitenciarios, que los sindicatos interpretaron como un aumento más que significativo. De hecho, la última estadística difundida públicamente sobre las incidencias en las prisiones se cierra el agosto del 2023. Según estos números, desde enero del 2022 a agosto del 2023, se han registrado 553 agresiones leves de internos contra funcionarios y 82 de graves. En concreto, durante el año 2022 se registraron 337 agresiones leves y en los ocho primeros meses del 2023, ya se habían computado 216. En cuanto a las graves, durante todo el año 2022 se contabilizaron 40 y en ocho meses del 2023, un total de 42. «Con estos números, más temprano que tarde tenía que pasar una desgracia como la que ha sufrido la Nuria«, subraya Xavi, un funcionario de prisiones que a las seis de la mañana ya era en la entrada de Lledoners.

Cifras que bailan con las de los sindicatos
Ahora bien, esta cifra crece si se tienen en cuenta los datos de los sindicatos que, aseguran, beben de las fuentes estadísticas que les ofrece el departamento y computan todo el año 2023. Tanto el CSIF como la UGT aseguran que durante el 2022 se apuntó 577 agresiones a funcionarios, de las cuales 68 fueron calificadas de graves y 509 de leves. El 2023, la estadística solo varía de cinco incidentes más y habría registrado 582 agresiones. Ahora bien, el diferencial con el del año pasado es, para los delegados sindicales, donde rae la madre del cordero de todo, porque los graves fueron 105 y los leves bajaron a 477. Un incremento del 54,4% de los casos graves, pero que si se compara con los datos del 2020 (39 casos) es de un 169%. Unos números a los cuales hay que añadir las tentativas, que el 2022 fueron de 654 y el 2023 de 567.
Los centros de Brians 1 y 2, con 156 y 110 agresiones registradas, el Centro de Jóvenes y Quatre Camins, con 83 y 62, lideran esta estadística. Precisamente, que el centro de Jóvenes sea el que más ha crecido en incidentes es el que más inquieta a los trabajadores de los centros. Por otro lado, según un informe elaborado el pasado mes de febrero por el CSIF, las agresiones sexuales destacan en la estadística. El 2023 se contabilizaron hasta 17 incidentes de este tipo, una cifra que supera con creces la del 2022, la cual fue de 6. Es decir, los incidentes de violencia sexual en las prisiones catalanas se han triplicado. Unas agresiones que no solo afectan el personal de seguridad, sino también el de servicios como el médico, el pedagógico, educativo o el lúdico. Catorce de estas agresiones están en manos del juzgado de instrucción.
Los manifestantes, y los delegados sindicales, recuerdan que ya el 22 de marzo del 2022 se firmó un acuerdo para cambiar normativas, poner más recursos y elaborar nuevos protocolos para parar la escalada de las agresiones. Ahora bien, los mismos afectados alertan que el nivel de internos con enfermedades psiquiátricas se ha disparado así como la población reclusa extranjera, dos fenómenos, que a parecer de los funcionarios, dificultan la gestión del día a día, no solo en las agresiones a los funcionarios sino en los incidentes que se producen entre internos, autolesiones o evasiones consumadas.
