El acuerdo del Gobierno con los sindicatos UGT y CCOO, un pacto para incrementar el complemento catalán de los salarios de los docentes un 30% en cuatro años, ha roto la unidad sindical del sector. El 95% de los maestros que han participado en la consulta impulsada por USTEC, la CGT y la Intersindical han rechazado el acuerdo. Discrepan del contenido, pero también de las formas. La escenificación del presidente Salvador Illa con los secretarios generales de UGT y CCOO les hace pensar que detrás había una “intención política”; un intento del ejecutivo de “presionar” a la oposición para que apruebe sus presupuestos, argumentan. Una “escenificación teatral”, resume la portavoz de USTEC, Iolanda Segura. Un “chantaje”, añade Marc Martorell de La Intersindical. Ningún sindicato esconde ya las discrepancias.
“Hemos conseguido doblar la propuesta inicial del Gobierno, que era de un incremento de solo el 15%. Si el resto de sindicatos consiguen una mejora, seré la primera en alegrarme, pero desde la UGT creemos que ya no hay más margen, por muchos días de huelga que hagamos. Hace 25 años que no se toca el complemento salarial de la Generalitat, venimos de una movilización histórica y no podíamos dejar pasar esta oportunidad”, se defiende de las críticas la portavoz del sindicato Lorena Martínez, en conversación con El Món. “Otros acuerdos que se han firmado dependían de los presupuestos, el de ahora no, y este es un argumento muy poderoso”, añade el secretario de educación de CCOO, Eduard Núñez, el otro sindicato firmante. Ambos confían en la palabra del consejero de presidencia, Albert Dalmau, que ha asumido la cartera de Educación durante la ausencia –por motivos de salud– de la consejera Esther Niubó. “El acuerdo se cumplirá con presupuestos o sin ellos”, ha dicho esta semana.
Los dos sindicatos también apuntan que el sector ha dejado pasar otras oportunidades. Mirando atrás, recuerdan especialmente las negociaciones con el consejero Josep Gonzàlez-Cambray, que lideró el departamento durante la primera etapa de la presidencia de Pere Aragonès. “Teníamos una propuesta de preacuerdo relevante, se reconocía que había una deuda con los estadios [el complemento de antigüedad]. Pero era dos meses antes de las elecciones sindicales y nadie se atrevía a firmarlo. Pasó el tiempo y se desinfló la movilización”, detalla Martínez, crítica con la «postura del todo o nada» del resto de sindicatos. “Los mejores acuerdos se consiguen en el momento más álgido de la movilización”, añade Núñez, que recuerda la etapa de Cambray como una oportunidad perdida. “Tuvimos que negociar a la baja, después”. Aquel preacuerdo fallido reconocía la deuda con el profesorado, sin entrar en el detalle de los salarios, pero devolvía los estadios cada seis años de servicio –los recortes lo alargaron a nueve– y equiparaba los sueldos de la FP a la secundaria.
El resto de sindicatos, que mantienen la huelga prevista para la semana que viene, entre el 16 y el 20 de marzo, niegan que el contexto sea el mismo que el del año 2023. “Vivimos una explosión importante, pero los docentes no estaban tan organizados como ahora. Estamos en un momento en que el colectivo no puede más”, argumenta Segura en nombre de USTEC. “Más de 30.000 personas respondieron a la consulta que hicimos en solo 24 horas. Esto es significativo”, añade Martorell, de La Intersindical, que ve las asambleas de maestros que no están afiliadas a ningún sindicato “más activas” que antes. “Son ellas las que nos exigen a los sindicatos, no los sindicatos los que llamamos a la movilización”, defiende. “Creo que el acuerdo puede ser incluso un revulsivo. La gente está muy quemada, las expectativas son altas”, detalla también Laura Gené, la secretaria general de enseñanza de la CGT, un sindicato que tampoco ha firmado el pacto. Los tres sindicatos recuerdan que en 2023 “no se habló de salarios” y que ahora este tema moviliza aún más gente.
Sea como sea, entran en una nueva fase. La intención ahora es “visibilizar que el acuerdo no consigue la paz social que han pregonado desde el Gobierno”, apunta Segura, que acusa a la administración de “querer romper la unión sindical” en beneficio propio. “Ha sido desleal”, critica. “Creo que el departamento lo ha intentado –matiza Gené (CGT)– pero la cuestión va más allá. Illa ha dado muchos millones para mejorar los salarios de los Mossos; si hay para ellos, también debe haber para educación”. “Los recursos están, hay margen de mejora”, sentencian las dos. La Intersindical añade, además de los salarios, que el acuerdo no concreta cuestiones como la lengua o la visión de país. “El 40% de los docentes de secundaria hablaban en castellano, dijo Cambray en su día. La situación ha ido a peor y nada de esto se está abordando”, apunta Martorell. Su sindicato tiene representación en 11 de las 12 secciones territoriales, pero no tiene suficientes delegados para formar parte de la mesa negociadora.
Carta de Educación a los centros
El acuerdo ha roto la cordialidad que se respiraba hasta ahora entre las entidades sindicales. CCOO y UGT señalan a USTEC como el sindicato del «no a todo» y USTEC los acusa de «traicionar» a la comunidad educativa por «motivos políticos». Un mensaje extendido, también en las redes sociales; los partidarios del acuerdo denuncian que ha habido casos de ansiedad entre algunos delegados que son partidarios, y el departamento ha intervenido con una carta dirigida a los directores de los centros para que mantengan un clima de respeto durante la huelga de la próxima semana. Una alerta “desmesurada”, apuntan desde USTEC, que rebajan esta tensión a «expresiones simbólicas de indignación». «Que haya algún caso puntual no significa que ahora haya agresiones de forma generalizada. Que se arranquen carteles de las organizaciones que han pactado es solo una muestra de indignación, de la misma manera que ellos nos llaman llorones», ha incidido el sindicato mayoritario. La Intersindical también se ha quejado de la carta, que ve como una «amenaza» o incluso un ejercicio de «coacción» por parte de la administración. «Los trabajadores deben poder ejercer su legítimo derecho a protesta», argumentan.
A pesar de las tensiones, los dos sindicatos firmantes —minoritarios en la escuela pública— y el Gobierno mantienen desde el lunes la intención de sumar al resto de colectivos al pacto. En esta dirección, la portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, defendía en rueda de prensa que los sindicatos mayoritarios estaban de acuerdo con el grueso del documento y que solo el salario ha frenado un acuerdo más amplio. Una afirmación que desmienten desde la USTEC. “Aumentan un 24% los presupuestos en educación, pero continuamos lejos del 6% del PIB que se considera deseable”, defiende Segura. Gené (CGT) aún cuestiona más los números macro del departamento. “La Generalitat dice que está invirtiendo un 4% del PIB, pero la Ley de Educación de Cataluña (LEC) –que fija este mínimo del 6%– no incluye la inversión universitaria. Si la restamos, la inversión en escuelas e institutos bordea el 2%”, asegura la sindicalista.
Incremento progresivo y más recursos en la escuela inclusiva
Con la huelga a las puertas, los sindicatos mayoritarios insisten en que el acuerdo no revierte la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido desde los recortes, a pesar de que el Gobierno se empeña en remarcar el esfuerzo que supone el incremento salarial que dibuja el acuerdo. Los docentes pasarán a ser los terceros mejor pagados del Estado (en el supuesto de que el resto de territorios no suban su complemento estos años); recibirán un incremento de 800 euros anuales en la nómina del complemento específico de la Generalitat, que actualmente es de 705 euros para los maestros de primaria y de 720 para los profesores de la ESO. Supone un incremento gradual de un 8% y llegarán a 2029 con una mejora de 3.000 euros anuales (un 30% más ahora). La mejora es independiente del incremento del 11% del sueldo que recibirán todos los funcionarios del Estado.
El cuarto sindicato discrepante del pacto, el Aspec, que solo representa profesores de secundaria, también ha criticado estos cálculos. “Es un incremento progresivo, a cuatro años vista. Pero ¿qué pasará con la inflación? Eso nadie lo ha explicado”, hace notar el secretario general Ignasi Fernández, que, a diferencia de otros sindicatos, también cuestiona que el acuerdo perpetúe el modelo de escuela inclusiva actual, “en el cual no creemos”. «Es una mejora para los niños y las familias» defiende, en cambio, la portavoz de UGT Lorena Martínez. «Es una mejora que se lleva una parte importante del presupuesto de que dispone el departamento», acaba completando, valorando la mejora salarial pactada. El impacto de las mejoras acordadas con UGT y CCOO es de 1.257 millones para las arcas de la Generalitat, según ha expuesto el Gobierno.
Sea como sea, tanto la protesta como el campo de negociación han cambiado desde el acuerdo a medio gas anunciado por Salvador Illa el lunes pasado. Los cuatro sindicatos contrarios asumen que el ejecutivo “intentará aguantar el pulso” los próximos días, pero ven en el “cansancio” del colectivo suficientes argumentos para mantener viva la protesta. Confían que alargarla –pretenden parar el sistema educativo toda una semana; de lunes a jueves, por territorios, y viernes en todo el país– no los desgastará. En este sentido, los sindicatos han sumado a los conserjes y el personal administrativo a la huelga. Y el sindicato estudiantil de los Países Catalanes también participará. El listón es alto. La huelga del pasado 11 de febrero tuvo un “seguimiento masivo”. USTEC lo cifró en un 85% de participación, un dato que la Generalitat rebajó al 37% “en los centros que lo comunicaron”.
