El Departamento de Educación ha anunciado que quiere reactivar la retirada de la financiación a las escuelas que segregan por sexo después de que el Tribunal Constitucional haya tumbado un recurso de Vox contra la Ley Celáa, que avala la medida. El consejero de Educación, Josep González-Cambray, ha avanzado que una vez se publique la sentencia del TC pedirán al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que retire las medidas cautelares que impuso cuando la Generalitat anunció el cambio de la política de financiación de centros.
En su sentencia, el TC descarta que “todos los modelos educativos tengan que percibir ayudas” y defiende que no existe un “derecho subjetivo a la prestación pública”. El Gobierno considera que la sentencia del TC, a falta de conocer los detalles, apuntala la decisión del Departamento de Educación de no renovar los conciertos educativos de segundo ciclo de infantil y de ESO a los centros educativos que insistan a separar los alumnos por razón de género. La Generalitat dio la oportunidad a las escuelas a dejar de hacerlo por voluntad propia para mantener la financiación.
En Cataluña solo hay una decena de escuelas que segregan por sexo
Fuentes de la Generalitat indican que en Cataluña quedaban una decena de centros que aplicaban esta práctica a principios del 2022, de los cuales ocho decidieron abandonar la segregación y dos lo rechazaron, por lo cual perdieron el concierto. Aun así, el TSJC dictó medidas cautelares en todos los casos. El Gobierno considera que estos centros no fomentan ni “la inclusión ni la convivencia” y, en cambio, “alimentan el sexismo y los prejuicios de género”. La Generalitat insiste que “no comparte” este modelo educativo y “no destinará dinero público” a financiarlos.
“¿Por qué tenemos que destinar el dinero de todos a un modelo de escuela en blanco y negro, reducto de la educación católica más conservadora y que la ciencia ha demostrado que ni favorece al alumnado ni a la sociedad donde se inserta?”, ha dicho Cambray en un artículo de opinión publicado en El Periódico. El consejero ha celebrado que la sentencia del TC acaba con el privilegio de estos centros, que habían obtenido una “protección judicial que acababa forzando a la Generalitat a concederles de nuevo la subvención pública”.
