Los centros de educación especial reclaman «más recursos» para poder despliegue plenamente la escuela inclusiva. Desde Dincat, la organización que representa el sector de la discapacidad intelectual en Cataluña, alertan que a pesar de que la previsión por este nuevo curso -que arranca lo el próximo lunes- es que 8.000 alumnos llenan las aulas de estos centros, todavía no se ha culminado el despliegue del decreto 150 de educación inclusiva: «Desgraciadamente y a pesar de los esfuerzos y los recursos destinados, no podemos decir que en Cataluña contamos con una escuela verdaderamente inclusiva si nos atenemos a las dificultades de los centros ordinarios para atender al alumnado con necesidades educativas especial», argumenta Alba Cortina, representando de Educación a Dincat.
Ante esta situación, desde la organización reclaman una reunión con la nueva responsable de la cartera de Educación, Esther Niubó, para exponerle sus reclamaciones y confían que el nuevo Gobierno «apuesten claramente por la inclusión en todas las etapas escolares y disponga políticas enfocadas en este sentido para dar las mismas oportunidades a todos los niños y jóvenes». Consideran que la manera de desplegar completamente la escuela inclusiva en Cataluña -una de las grandes apuestas de los últimos años- es «destinar más recursos», puesto que con los establecidos actualmente son insuficientes: «Son recursos esenciales por la inclusión de los alumnos que atienen y, al mismo tiempo, son una pieza clave para asesorar y acompañar las escuelas ordinarias en la creación de entornos y recursos que hagan posible la inclusión educativa», apunta la representante de Educación de la entidad.
Las reclamaciones para la nueva consejera
Además de un incremento de los recursos económicos que se destinan -una medida que también exigen los sindicatos de docentes-, desde la entidad pidan a la nueva consejera un colideraje claro entre el Departamento de Educación y el sector «para hacer frente a los retos y necesidades del alumnado, familias y centros educativos». En esta línea, consideran que hay que reorganizar el funcionamiento de la educación postobligatoria para el alumnado con necesidades especiales: «Hay que garantizar una transición eficiente y digna hacia el mercado laboral de este alumnado, con una apuesta clara y valiente hacia los programas de transición en la vida adulta y en los programas de formación profesional adaptada», exclama Cortina.
