Incomodidad. Así se puede describir la situación con la que el ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, afrontó una pregunta sobre la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) la semana pasada. Una entidad del sector público que actualmente preside el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Una pregunta formulada por el portavoz de Justicia de Junts, Josep Pagès, en la comisión de Justicia celebrada el jueves pasado en el Congreso de los Diputados, a raíz de las informaciones sobre los contratos menores que habría licitado esta fundación a jueces, fiscales y funcionarios del ministerio de Justicia, entre los que se cuentan el secretario de Estado, Manuel Olmedo, o los fiscales que impulsaron la imputación de Gonzalo Boye, abogado del presidente Carles Puigdemont, en el caso Mito, Ignacio de Lucas y Ángel Bodoque. También están en la lista importantes agentes de la UDEF de la Policía Nacional que han participado en informes y atestados de la operación Catalunya, como el escándalo del pendrive de los Pujol, único caso con condena del operativo contra el independentismo.
El Tribunal de Cuentas ya emitió un informe en noviembre de 2023 donde expresaba dudas sobre estos contratos, y la Intervención General de la Administración del Estado puso el grito en el cielo en sus auditorías por los «errores contables» de la entidad. Unas evaluaciones que también destacan un providencial ataque informático «ransomware» que hizo desaparecer la contabilidad de los ejercicios 2020, 2021 y 2022. Aun así, el ministro Bolaños, a la defensiva, evitó entrar en detalles, corrigiendo «determinados contratos y acuerdos con jueces y fiscales». «Son proyectos de cooperación internacional que financia la FIIAAP, que es una fundación que tiene este objeto», añadió.
De todos modos, Bolaños admitió que las personas que hacen las colaboraciones y que perciben el dinero son propuestas tanto por el Consejo General del Poder Judicial como por la Fiscalía. «Todo está fiscalizado, y cuando se acaba el proyecto y se presta el servicio se entrega un informe que lo acredita y finalmente, una vez fiscalizado el proyecto, se abonan las cantidades que correspondan», añadió. «Tampoco aquí el Ministerio tiene nada que decir y, por tanto, yo simplemente les informo de cuál es el modelo», expresó brevemente quitándose las pulgas de encima. Según Pagès, «todo esto huele a corporativismo y corrupción».
Miembros de la UDEF y fiscales
De hecho, en los estados contables de esta fundación, a los que ha tenido acceso El Món, aparecen empresas y entidades especializadas en defensa, inteligencia o seguridad pero también miembros destacados de la policía, de la judicatura y de la fiscalía. Incluso, uniformados de la Unidad de Delincuencia Fiscal y Financiera del Cuerpo Nacional de Policía, la UDEF, que elaboraron informes de la operación Catalunya. De hecho, hay dos nombres que destacan con toda la brillantez y que participaron, en lo que es hasta ahora la única sentencia condenatoria del dispositivo clandestino contra el independentismo, el caso del pendrive de los Pujol.
En concreto, y como ejemplo, el inspector jefe de la UDEF, José Manuel Álvarez Luna, que en abril de 2016 cobró 4.500 euros como «experto para el proyecto de Perú para técnicas básicas de anticorrupción». Álvarez Luna fue quien entregó el pendrive de los Pujol, sin conocer su origen, al grupo 12 de la UDEF para que «lo trabajaran». Así lo afirmaba el fiscal en su relato de los hechos y así se recogió en el sumario. También otro viejo conocido de la operación Catalunya como Álvaro Ibáñez Alfaro, TIP 89.140, que pasó una factura, en mayo de 2016, por importe de 3.500 euros también en un proyecto para Perú. Ibáñez Alfaro tramitó la primera denuncia anónima que se utilizó como excusa para comenzar a investigar independentistas y fue imputado por el caso del pendrive.
También se incorporan a la lista del proyecto Perú, con 1.500 euros de pago como experto anticorrupción en enero de 2016, el comisario exjefe interino de la UDEF y jefe de la brigada de blanqueo, José María García Catalán, que también se vio salpicado por el asunto del pendrive. Por otro lado, el comisario García Catalán viajó a Nueva York en abril de 2016 para recoger testimonios contra la supuesta financiación irregular de Podemos. Tal como destapó el diario Abc, difundieron las actas de las declaraciones el mismo año. García Catalán fue a Nueva York acompañado de la inspectora jefe Silvia Orna, que también cobró, ya en 2018, 6.500 euros de la misma fundación por una asesoría en Bolivia.
También han pasado por caja de esta fundación Ángel Bodoque, fiscal que ahora acusa a Boye por blanqueo en el caso Mito, que cobró 3.500 euros por el mismo proyecto de Perú. Y, el fiscal que inició la caza de Boye, Ignacio de Lucas, con contratos menores a los que ha tenido acceso El Món, en 2018 y 2019. Todos los contratos firmados como «experto» en proyectos en Georgia, África Occidental, Tanzania o Sudamérica por importes de 1.780 euros, 1.200 euros, 1.644 euros, 5.790 euros, 2.655 euros, 4.800 euros, 4.186 euros y 1.196 euros. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que se encarga del caso 3% y que mantuvo la pieza de Oleguer Pujol abierta durante más de nueve años, también facturó 2.478 euros en 2018 por un proyecto poco definido en Ghana.
Nadie ve las cuentas claras
Esta fundación, de la que aún queda mucha documentación por analizar, no ha pasado muy bien parada por los filtros y controles de la administración. Así, el Tribunal de Cuentas emitió un durísimo informe en noviembre de 2023, en el que fiscalizaba los ejercicios 2020 y 2021. El tribunal detectó “incumplimientos de la normativa de contratos, determinadas deficiencias en el cumplimiento de la normativa de personal y algunos incumplimientos en materia de transparencia e igualdad”. De hecho, el Tribunal de Cuentas ya advertía que la fiscalización se había llevado a cabo por «el retraso registrado en la rendición de cuentas».
En su informe, el tribunal administrativo destaca que, en dos ejercicios, la FIAPP formalizó un total de 349 contratos por valor de 83 millones de euros, además de 455 contratos menores por un importe de 4 millones. Asimismo, ponía el grito en el cielo por cómo se habían formalizado estos contratos por su «falta de garantía de que se hubiera adjudicado el contrato a la oferta con la mejor relación calidad-precio, la no exigencia de garantía económica definitiva, la falta de acreditación de solvencia financiera y técnica de los adjudicatarios, la no justificación de recepción del servicio o suministro y, en el caso de los contratos menores, fraccionamientos indebidos».
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) tampoco ve claros los balances de la fundación. En ninguna de sus últimas auditorías considera que se lleva un control del gasto como manda la legalidad. Y echa en falta el cumplimiento de la trazabilidad contable. Por ejemplo, en el informe de 2019, la IGAE «constata que la contabilidad contiene errores y deficiencias reiteradas, que ponen de manifiesto la posible existencia de incorrecciones no detectadas, que podrían ser materiales, y que no permiten verificar si los saldos correspondientes cumplen los criterios de reconocimiento contable establecidos en el marco conceptual para los pasivos«. Así, la IGAE recomendó «la revisión de la totalidad de las actividades, analizando y comparando, para cada una, la documentación soporte de los activos y pasivos mencionados y el importe registrado para la compensación».
Un extraño ataque informático
Especialmente interesante es el informe del año 2023, donde los auditores de la IGAE se ponen las manos en la cabeza por una supuesta intromisión «ransomware» el 16 de abril de 2023 que «afectó el sistema ERP contable Navision, herramienta utilizada para el registro de su información financiera». Un ataque que no afectó sus equipos, pero que, en cambio, «tuvo como consecuencia la pérdida de toda la contabilidad correspondiente a los ejercicios 2020, 2021 y 2022». El ataque fue tan sorprendente que incluso afectó un sistema de «backup de la información y sus copias de seguridad».
Pero, muy curiosamente, se pudo reconstruir la contabilidad a «partir de una copia de seguridad realizada el 17 de septiembre de 2022 por un responsable del departamento de informática y de varios archivos Excel que contenían descargas de la información contable de Navision realizadas por el departamento financiero con anterioridad a la intrusión». «Toda esta documentación estaba archivada en equipos de usuarios, por lo que no resultó afectada por el ataque», advierten los interventores. De ahí que subrayen que la IGAE «no puede garantizar la trazabilidad y la integridad de la información original debido a las modificaciones de buena parte de los archivos que han servido de base para la reconstrucción de la contabilidad». Un ataque que coincidió con el inicio de las explicaciones que el PP pedía sobre esta fundación en el Congreso.
