Trece años. Eso es lo que ha tardado en archivarse el caso Manga. Una de las primeras causas montadas contra representantes electos del independentismo. En concreto, fue un sumario, convenientemente ampliado hasta 50 investigados, por una supuesta trama de sobornos y tráfico de influencias entre políticos de las comarcas de Girona y empresarios para la adjudicación de contratos públicos. La investigación fue una derivación del caso Pokemon, en el que un juzgado de Lugo investigaba una trama de corrupción desde Galicia donde estuvo investigado el exministro José Blanco, impulsado por el Servicio de Vigilancia Aduanera. Una investigación judicial que supera escandalosamente los límites de instrucción de un año prorrogables -muy justificados- de medio año en medio año que impuso lo que se conoce como ley Cuevillas.
Esta mañana, han notificado a investigados aún en el caso, una resolución del pasado 30 de diciembre, de poco más de una página y a la cual ha tenido acceso El Món. La titular del juzgado de instrucción número 3 de Santa Coloma de Farners, Ángela Chaparro, ordenaba el sobreseimiento de la causa. La resolución insiste en la «superación con creces» de los plazos de instrucción y admite que no se ha practicado ninguna diligencia que haya aportado indicios de delitos penales. En el caso fueron implicados el expresidente del Consejo Comarcal de la Selva y exalcalde de Sant Hilari Sacalm (la Selva) Robert Fauria, la exdiputada de Junts y actual alcaldesa en Maçanet de la Selva, Natàlia Figueras, el exdiputado republicano y relator de la ley de Transitoriedad Jordi Orobitg, el exresponsable de ERC en la Federación de Girona Josep Carrapiço y también Roger Junqueras, hermano del actual presidente de ERC y entonces directivo de la empresa de reciclajes y residuos Cespa, así como Irene Rigau, exconsejera de Educación.
Desde febrero de 2013
El caso salió a la luz pública a raíz de una redada de detenciones en el mes de febrero de 2013. En concreto, arrestaron al presidente del Consejo Comarcal Fauria, al gerente, Joan Burjachs -que dimitió a raíz del caso- un trabajador de la entidad supramunicipal y dos socios y administradores de una empresa contratada por el mismo consejo, GRS Ars Local. De hecho, la jueza entonces envió a prisión al director, Alejandro Ros. La investigación fue creciendo a medida que crecían los atestados del Servicio de Vigilancia Aduanera, que iban añadiendo nombres a la lista de investigados por contratar servicios de una empresa que beneficiaban a Fauria.
El caso abrió una crisis política de primer nivel en las comarcas de Girona, un deterioro de las relaciones entre ERC y CiU, y la posición de la CUP que se personó como acusación particular. De hecho, el caso se rebautizó como la «telaraña del caso Manga». Ahora, después de 13 años todo ha quedado zanjado, sin pruebas.
