Nuevo giro de guion en el juicio al presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, al presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó y la actual consejera de Justicia, Natàlia Garriga, por su relación con el Primero de Octubre. La sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado una providencia con que aprovechando una petición de suspensión de la vista, que tenía que empezar el próximo 10 de abril, a raíz de la amnistía, proponen otro motivo de aplazamiento. En concreto, la convocatoria electoral en el Parlamento de Cataluña por el 12 de mayo.

En la resolución, los tres magistrados –Jesús Maria Barrientos, Fernando Lacaba y Carlos Ramos- dan dos días a las partes para que se pronuncien sobre la petición de suspensión, con el añadido del nuevo calendario electoral. Así, los togados preguntan sobre la «conveniencia de aplazar el inicio de las sesiones del juicio oral de forma que su desarrollo no coincida con la campaña electoral prevista entre el 26 de abril y lo debe de mayo y con la misma jornada electoral.
Evitar interferencias
En esta línea, el TSJC recuerda que el aplazamiento tendría el «propósito de evitar que se produzcan interferencias recíprocas entre el proceso electoral democrático y la necesaria tranquilidad que tiene que presidir la celebración del juicio oral». Por lo tanto, «a fin de garantizar en lo posible la plenitud del ejercicio de todos los derechos en juego», la idea que deja caer el TSJC es la suspensión.
El argumento del tribunal y su propuesta topan con la actitud que han mantenido hasta ahora de evitar el aplazamiento de la vista. De hecho, Jové había pedido la suspensión porque la vista coincidía con el calendario de plenos del Parlamento y ante la inminencia de la Ley de Amnistía que afectaba de pleno a este proceso judicial. Incluso, la misma presidenta de la cámara catalana, Anna Erra, había pedido por carta al presidente del TSJC, el magistrado Barrientos, la prórroga del calendario del juicio. El movimiento del TSJC parece una propuesta tácita para que se suspenda la vista a pesar de que implica la consideración política del juicio.