La sala de lo penal del Tribunal Supremo, como todos los juzgados, habla a través de las resoluciones judiciales. Pero ahora también opina y critica abiertamente la actualidad política. Lo demuestra una interlocutoria, firmada por la sala de lo penal de la alta magistratura esta semana, con la que no se admite a trámite una surrealista querella de Vox contra el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez entre Junts per Catalunya y el PSOE. En esta resolución, los magistrados Manuel Marchena, Carmen Lamela, Eduardo de Porras, Julián Sánchez Melgar y Juan Ramón Berdugo -viejos conocidos del proceso judicial al independentismo- inadmiten la querella alegando que no aprecia en los hechos ninguno de los delitos denunciados, pero aprovechan la ocasión para criticar políticamente el pacto.
«Ciertamente, el acuerdo de referencia ha generado una controversia política, jurídica y social de enorme trascendencia», indican los togados. Y añaden que, «con los que consideran su acierto, también desde muchos ámbitos sociales y políticos se cuestiona la oportunidad, justificación y constitucionalidad tanto de la ley de amnistía, como del resto de lo que se ha acordado en el pacto del 9 de noviembre del 2023«. Así, el tribunal envía un mensaje más bien poco subliminal a los políticos que han articulado el pacto, a los cuales advierten que el «legislador político» será el «responsable» de un eventual «desacierto».
De momento, solo un acuerdo político
Vox presentó la querella adjuntando el acuerdo de investidura firmado entre el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull. La formación de derecha extrema denunció que los acuerdos incluidos en el pacto constituían presuntos delitos de soborno, encubrimiento y colaboración con terrorismo, usurpación de funciones del poder judicial y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos con abuso de sus funciones. Los magistrados no aprecian indicios de estos delitos, pero sí que hacen un análisis detallado de cada delito y de los hechos denunciados. La sala interpreta que el pacto «no es más que un acuerdo político que, para ser efectivo, tiene que ser desarrollado por leyes y otros instrumentos jurídicos que tendrán que ser aprobadas, si procede, por el poder legislativo, tal como pasa con la ley de amnistía».
En esta línea, afirman que «el acuerdo ha generado controversia» pero hasta que no se transforme en una ley no se puede interpretar ningún indicio de delito. «El eventual desacierto, la posible carencia de oportunidad, la inconstitucionalidad o la ilegalidad de estas iniciativas legislativas, que se derivan del acuerdo político que analiza este tribunal, incluso aunque se tuvieran por ciertos o incontrovertibles, permanecerán en el campo de la responsabilidad política del legislador (que es quien, en definitiva aprueba el texto legal) y de los promotores de la reforma». Es decir, un aviso a navegantes para las formaciones que aprueben la legislación a la cual compromete el acuerdo.
Habrá tiempo para recursos
En la interlocutoria, los magistrados dejan claro que hay margen para impedir las consecuencias legislativas del acuerdo. Lo hacen con una argumentación bastante delicada. «El legislador no tiene jefe otro límite normativo que el derivado de las exigencias constitucionales y del ordenamiento de la Unión Europea y solo al Tribunal Constitucional y, si procede, al TJUE, con la interposición previa de los recursos procedentes, corresponde pronunciarse», proponen.
En la misma línea, esbozan una línea de ataque a la ley de amnistía. «Las iniciativas legislativas dirigidas a la aprobación de una ley de amnistía o a la creación de comisiones parlamentarias sobre la actuación de determinados jueces y tribunales se enmarcan formalmente en el ejercicio de potestades legislativas de la Constitución». Con esta premisa, recuerdan a Vox -que siempre actúa de fiscalía en la sombra- que estas iniciativas son «susceptibles de los mecanismos jurídicos de fiscalización que nuestro sistema constitucional reconoce». Esto quiere decir que les indican el camino para comenzar la guerra judicial contra la ley del olvido del perdón penal de los independentistas.
