A medida que pasan los días, se van desgranando detalles de cómo se ha despertado la guerra interna dentro de la Fiscalía Penal del Tribunal Supremo a raíz de la causa del Tsunami Democrático. Según fuentes judiciales, un nuevo elemento podría hacer entender la existencia de un borrador anterior al dictamen del fiscal Álvaro Redondo donde sí que habría contemplado la posibilidad que las protestes postsentencia constituyeran un delito de terrorismo. Este elemento habría sido la convicción del fiscal del Supremo que los controladores aéreos habrían sido ‘secuestrados’, es decir, sin posibilidad de salir de la torre de control por acción de los manifestantes.
Este hecho habría sido la clave para sostener que la causa se tendría que instruir por terrorismo porque habría habido una detención ilegal, una consecuencia de los desórdenes públicos al aeropuerto. Redondo llegó a esta conclusión porque solo había hecho una lectura de la exposición razonada que había remitido el magistrado Manuel García Castellón al Tribunal, no toda la causa entera, ni tampoco habría compartido la opinión con el fiscal antiterrorista de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, que no veía terrorismo en el caso. Este primer borrador se envió solo, y en fin de semana, a uno de los dos fiscales en jefe de la sección penal, Fidel Cadena.
Pocos días después, una vez consultada el expediente más a fondo y aclaró que no existió el secuestro porque, a pesar de que con dificultades de movilidad, los controladores pudieron salir de la terminal, el fiscal elaboró el dictamen donde descartaba la existencia de terrorismo. Así consideraba que los desórdenes, la falsedad documental -de las tarjetas de embarque- y los daños no eran constitutivos de ningún delito del capítulo de Terrorismo del Código Penal. La conclusión del fiscal fue enviada al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, justo antes de la Junta de Fiscales del pasado 6 de febrero, cuando comunicó a sus compañeros de toga el sentido de su informe.
Traición
La existencia de este primer borrador era «desconocida» por el mismo fiscal del Estado. Así lo ha expresado con contundencia en declaraciones desde la Ciudad de la Justicia de Barcelona donde esta mañana ha presidido la Junta de fiscales de la Fiscalía Superior de Cataluña. «El fiscal general del Estado no miente», ha sentenciado. En este marco, ha recordado que no tuvo conocimiento nunca de este primer borrador y que solo tuvo conocimiento del dictamen que le comunicó Redondo y que «cinco minutos después se elevó la Junta de Fiscales».
Ahora bien, García Ortiz no ha querido esconder cierta indignación por la filtración de este primer borrador que solo conoce por las informaciones de prensa. «Los documentos de trabajo pertenecen a la absoluta privacidad del ámbito en que se realizan», ha advertido. «Si se ha traicionado esta privacidad y el compañerismo, si el espacio de trabajo deja de ser cómodo y tenemos que tener cura con qué compañero hablamos o no hablamos porque puede ser que transcienda el tesoro de cualquier organización y espacio de trabajo-la privacidad-, tenemos un problema», ha argumentado. «El único informe del que me han dado cuenta es el que se elevó a la junta de fiscales, la resta especulaciones», ha concluido.
