Dura bofetada del Tribunal Supremo a una de las decisiones autonomistas del gobierno de Pedro Sánchez con la Comunidad Foral de Navarra. La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el decreto de traspaso de funciones y servicios de la administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de tráfico y circulación de vehículos de motor y su acuerdo complementario. Un acuerdo que preveía la asimilación de estas funciones, hasta ahora en manos de la Guardia Civil, por parte de la Policía Foral de Navarra. De este modo, los magistrados estiman el recurso de la asociación Justicia Guardia Civil (JUCIL), un parasindicato con extraordinarias relaciones con fuerzas españolistas.
Según la resolución, a la que ha tenido acceso El Món, los magistrados concluyen que no se puede utilizar un real decreto de traspaso para «atribuir una competencia no reconocida a Navarra en la ley orgánica de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra (Lorafna)» -una especie de estatuto de autonomía-. Así mismo, destacan que este traspaso tampoco se puede asimilar por esta vía porque es una decisión que «no está amparada en su derecho histórico». En este sentido, la sala asegura que estas competencias podrán asumirse por Navarra si se reforma la Lorafna, o bien mediante una ley orgánica del artículo 150.2 de la Constitución, que prevé el traspaso de la gestión.
La Guardia Civil se queda a las carreteras, de momento
La sentencia resalta que la ley «no incluye un título competencial que se identifique con las funciones que ejerce la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil a Navarra». Por lo tanto, solo cabría la vía de la reforma de la Lorafna o bien la aplicación puntual del 150.2 de la Constitución. En esta línea, remarcan que el servicio de vigilancia de Tráfico históricamente lo ha llevado a cabo el instituto armado, y que la Policía Foral solo era «subordinada». En consecuencia, hay que cambiar la vía legal del traspaso para dotar de competencias a la Policía Foral en el control de las carreteras navarras.
En la sentencia, los magistrados hacen una cerrada defensa del parasindicato Jucil al que el gobierno navarro negaba la legitimidad para recorrer el traspaso de competencias. “Paradójicamente», indican los togados, «la mejor defensa de la legitimación activa de Jucil la hace la misma Comunidad Foral de Navarra». «Para negársela, sostiene que el traspaso no afecta a la Guardia Civil y, a continuación, alega que los intereses profesionales, personales y familiares de los guardias civiles afectados por el traspaso están satisfechos», resalta la resolución. Así destaca que el gobierno foral informa que los efectivos de la Guardia Civil «podrán cambiar de funciones o continuar ejerciéndolas en otros destinos geográficos, es decir, yéndose de Navarra o, podrán integrarse a la Policía Foral de Navarra”. Dos salidas que, a parecer del tribunal, «inciden en los intereses profesionales de los guardias civiles y lo hace hasta el punto de prever la integración en otro cuerpo policial”.
