Nuevo revés para el juez de la Audiencia Nacional que investiga la causa del Tsunami Democrático en su propósito de dejar el presidente en el exilio, Carles Puigdemont, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, fuera de la amnistía. En esta ocasión ha sido el gobierno de Suiza quien ha negado información al magistrado Manuel García-Castellón. El Ministerio de Justicia suizo, según informa
La Oficina Federal de Justicia ha rehusado informar al juez García-Castellón sobre el paradero de la dirigente de Esquerra Republicana porque tiene dudas que ella esté relacionada con Tsunami y todavía menos con las protestas que hubo al aeropuerto del Prat después de la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio del proceso el octubre del 2019. Así mismo, también declina la petición de información sobre una cuenta bancaria que presuntamente se habría usado para financiar algunas de las movilizaciones y protestas del 2019. De hecho, esta última demanda ya fue tumbada hace cuatro años.
El argumentario que usa la Oficina Federal de Justicia para rechazar la petición del magistrado y negarse a colaborar con la justicia española es que considera este procedimiento una causa política. Así mismo, requiere al Ministerio de Justicia y al juez de la Audiencia Nacional sobre los posibles efectos y consecuencias que puede tener el proyecto de ley de amnistía que se está tramitando en el Congreso para los imputados en esta causa.
Más países han rechazado colaborar
Justo es decir que no es la primera vez que Suiza o otro país rechaza colaborar con esta causa. La misma Suiza, en una ocasión anterior, Holanda, los Estados Unidos y Canadá ya se negaron a colaborar con los jueces del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal o Manuel García-Castellón, porque consideraban que se investigaban delitos de carácter político.
El jefe de la Oficina Federal de Suiza, Guillem Rosseau, ya declinó colaborar con la justicia española el 26 de marzo del 2020. En el documento denegatorio, se alegaba que «aunque los hechos descritos en la solicitud española tienen una calificación penal en la legislación suiza, el carácter político del delito, si hay delito, constituye, en todo caso, un motivo de inadmisibilidad de la solicitud en virtud de la legislación suiza en materia de asistencia judicial penal, que nos impide –sin dejarnos ninguna opción– conceder la asistencia judicial a la autoridad requeridora española”.
También el Tribunal Supremo probó la receta Suiza dos veces. La confederación helvética rechazó atender sus peticiones para extraditar a Carles Puigdemont. La justicia helvética rechazó el 23 de marzo del 2018 y del 14 de octubre del 2019 las peticiones del magistrado Pablo Llarena por tramitar la orden de detención española. ¿Y cuál fue el argumento esgrimido entonces? Pues el mismo que ahora, que el presidente en el exilio era perseguido por «un delito político«.
