El Colegio de la Abogacía de Barcelona ha servido de escenario para presentar una iniciativa que llevaba tiempo gestándose. La puesta de largo de «la Asociación 17-A: Queremos saber la verdad». Una entidad impulsada por Javier Martínez, padre del pequeño Xavi, asesinado en la Rambla la fatídica tarde del 17 de agosto de 2017; por Mireia Martínez García, psicóloga sanitaria y de emergencias y hermana de Xavi; David Torrents, agente de los Mossos d’Esquadra entonces dedicado a la lucha antiterrorista; y Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol, abogado defensor de Francisco Javier Martínez en su batalla ante los tribunales.
Una entidad que llega justo cuando la comisión de investigación en el Congreso ha aclarado preguntas, pero también ha generado más dudas sobre la prevención de un atentado de esta magnitud así como la relación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad y los de información del Estado, con el cerebro de la célula yihadista, el imán de Ripoll, Abdelbaky Es Satti. La asociación se constituyó formalmente el pasado 17 de enero con el argumento de que las «víctimas de los atentados, por desgracia, no han recibido la ayuda ni la protección que parece prometerles el ordenamiento, ni han podido ver juzgados los hechos que acontecieron aquel agosto». Además, la asociación se presenta cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha decidido archivar la demanda presentada para reclamar al Estado que abra una investigación.
Derecho a saber la verdad
La entidad nace con la finalidad de «defender el derecho a saber la verdad». Un derecho que, según los impulsores de la entidad, está «concebido como un derecho fundamental de tercera generación de la sociedad en general, y de las víctimas de atentados terroristas en particular». De hecho, recuerdan que es un derecho reconocido en la Resolución 2005/66 del Alto Comisionado de Derechos Humanos y singularmente la Resolución 9/11, de fecha 24 de septiembre de 2008, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El listado de tareas a llevar a cabo por la asociación implica sobre todo, «exigir a las autoridades públicas llevar a cabo las investigaciones necesarias para averiguar todas las circunstancias relativas a cualquier acción terrorista y actuar con transparencia ante la sociedad». También, y en directa conexión con la primera petición, «el acompañamiento y el apoyo a los afectados por cualquier atentado terrorista». «Llevar a cabo las actuaciones necesarias para evitar los procesos de radicalización que puedan llegar a constituir un riesgo de un eventual futuro acto terrorista», es uno de los tres objetivos. En este sentido, también están dispuestos a ejercer las acciones adecuadas, judiciales incluidas, para intentar hacer efectivos estos derechos así como incentivar la divulgación.
Por su parte, Javier Martínez ha remarcado que la asociación quiere recordar a las víctimas y el dolor por los atentados, pero también devolver a la sociedad el «apoyo» que les ha dado desde entonces. «Es como un embrión», ha señalado. «Si tenemos el apoyo económico que necesitamos haremos muchas cosas», ha remarcado. «Dentro de nuestro dolor, lo transformaremos en algo positivo», ha concluido Martínez, quien ha destacado la transparencia de la entidad.
