En la resolución del pasado martes, el juez instructor del caso Cerdán, Leopoldo Puente, advertía que dejaba sobre la mesa las peticiones de diligencias por parte de la defensa de Santos Cerdán. No ha pasado ni una semana y, en una resolución de 19 páginas, el magistrado desestima todas las peticiones reclamadas por los abogados del exnúmero tres del PSOE, Benet Salellas y Jacobo Teijelo. De hecho, el juez reprocha a la defensa que haga una «cadena de conjeturas» y cometa «imprecisiones» en el relato de sus peticiones.
Incluso, el instructor llega a calificar «de inútiles y perjudiciales» algunas de las diligencias solicitadas, como los dispositivos intervenidos en el sumario del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, causa de donde surge el caso Cerdán. En este sentido, el togado llega a concluir que la petición de algunas diligencias solo podría ralentizar la investigación. Una investigación que, recuerda, «no la puede dirigir quien está investigado». También descarta que el hecho de que un comandante de la Guardia Civil fuera quien hubiera vendido los móviles con los que Koldo Garcia grababa las conversaciones no es relevante para la investigación.

Las declaraciones a la prensa, tampoco
Entre los documentos que pedía la defensa había una copia de una entrevista a Koldo García hecha en TVE donde aseguraba que no había grabado nunca a nadie. Una declaración que cuadraría con el suministro de los teléfonos móviles por parte de la Guardia Civil. El magistrado alega que las declaraciones en medios no tienen el mismo valor que las hechas ante un tribunal. Por tanto, sus afirmaciones en la tele no serían pertinentes en esta causa judicial.
Por otro lado, el juez también niega la identificación de supuestos aforados investigados, sin el consentimiento de las cámaras legislativas. El juez es bastante contundente aclarando que nunca ha ordenado la investigación de aforados. De esta manera, se quita de encima las pulgas sobre parte de las resoluciones aportadas que podrían apuntar al hecho de que Cerdán fue investigado cuando estaba aforado como parlamentario. El juez tampoco citará a agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), encargada de la investigación sobre la documentación expurgada, la declarada secreta así como para aclarar informes. Puente razona que ninguna de estas pruebas o diligencias «son necesarias para aclarar los hechos».