Lo Partido Socialista Obrero Español se ha mostrado crítico este lunes con las valoraciones «políticas» que el Tribunal Supremo ha hecho de la ley de la amnistía. A parecer de la formación, la carga política del posicionamiento del alto tribunal respecto de la aplicación de la ley -en un movimiento que deja fuera, entre otros, el presidente al exilio Carles Puigdemont y el líder de Esquerra Republicana de Cataluña Oriol Junqueras– es «sorprendente e innecesaria para la tarea jurisdiccional que tiene encomendada». La tarea de los magistrados, acusan los socialistas, no tienen entre sus designaciones «pensar sobre las leyes y los pactos entre las diferentes fuerzas». A pesar de las claras resistencias de la judicatura a ejecutar el conjunto de la ley de amnistía, el partido del gobierno español reitera la «confianza en el Estado de derecho» del Estado; defendiendo la constitucionalidad de la amnistía más allá de las posturas del TS.
Todo y los reproches hacia el tribunal, el PSOE sostiene que el «garantista» sistema judicial del Estado «protege» la aplicación de las normas aprobadas en el Congreso de los Diputados. Se ampara, en su diagnóstico, en el ‘sí’ del TSJC en otras ocasiones en cuanto a la aplicación de la amnistía. «El TS no pone en entredicho la capacidad de las Cortes Generales de aprobar amnistías, solo pregunta a las partes si procede presentar una cuestión de inconstitucionalidad sobre el delito de desobediencia», argumentan desde Ferraz, celebrando que ni siquiera el Alto Tribunal cuestione la ensambladura de la ley a la carta magna española.
Sin amnistía por la malversación
En su escrito para dejar fuera Puigdemont y Junqueras de la medida por los delitos de malversación, el alto tribunal ha negado la aplicación de la ley a Puigdemont y Junqueras, además de los ex consejeros Toni Comín, Lluís Puig, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, en cuanto que considera «no amnistiable» la causa que se los imputa. Así, el juez instructor Pablo Llarena mantiene las órdenes de detención en el Estado contra Puigdemont, Comín y Puig, si bien levanta la de la dirigente republicana Marta Rovira; y mantiene inhabilitados a Junqueras, Romeva, Turull y Baza hasta el 2030 y el 2031.
