Apenas ha empezado el trámite parlamentario y ya hay las primeras consecuencias en el Tribunal Constitucional. El magistrado Juan Carlos Campo Moreno, exministro de Justicia de Pedro Sánchez y uno de los artífices de los indultos, ha comunicado al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón, su abstención en el recurso de amparo que se ha formulado sobre la admisión parlamentaria de la proposición de ley orgánica de amnistía. Y todavía se han anunciado más recursos.
A pesar de que recuerda que este recurso de amparo todavía se encuentra en una fase preliminar de enmienda de defectos procesales advertidos en la presentación de la demanda, Campo ya prefiere apartarse. En todo caso, el tribunal oficialmente informa que en su momento, y si se tercia continuar adelante con el recurso de amparo formulado, será el pleno quien resolverá sobre la solicitud del magistrado de quedar al margen. Esta abstención es la primera del tribunal, recientemente renovado y de mayoría progresista. La voluntad de Campo es no contaminar un proceso en el Constitucional que ya será bastante difícil, puesto que el tribunal tiene que decidir sobre un acuerdo político legislativo para tramitar y aprobar una ley de amnistía para los represaliados independentistas que ha puesto en pie de guerra al poder judicial.
Un juez que fue el ministro de los indultos
Fuentes jurídicas aseguran que Campo recuerda en sus argumentos que tiene que preservar la «imparcialidad» del Tribunal Constitucional, un aliado que esperan tener tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo, el gobierno de Pedro Sánchez. Campo fue el autor de los informes sobre los indultos para los condenados por el Procés del año 2021, que firmó cuando era ministro de Justicia. De hecho, arguyó que el indulto no hacía desaparecer el delito y, por lo tanto, argumentaba en contra de las peticiones independentistas que ya entonces reclamaban la amnistía.
A pesar de que el Constitucional tiene una mayoría bastante sólida progresista que no haría tambalear la viabilidad de la amnistía, el juego de recusaciones y abstenciones podría complicar la situación. Y más si el Constitucional empieza a recibir no solo recursos de amparo, sino un recurso de inconstitucionalidad o bien cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por jueces o tribunales que llevan casos de imputados o condenados amnistiables.
