Sala de Graus de la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona. Este ha sido el escenario escogido por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial para presentar una «guía para el planteamiento de cuestiones inconstitucionales y/o prejudiciales europeas sobre la ley de amnistía». Un tipo de manual de instrucciones para jueces ordinarios para que puedan registrar cuestiones prejudiciales a las instancias europeas y dejar sin efecto la ley o bien a través de las cuestiones de inconstitucionalidad. La «guía» se ha presentado esta tarde ante poco más de unas treinta personas, entre las cuales había la exfiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, o José Domingo, uno de los prohombres de Impulso Ciudadano.
La presentación ha ido a cargo del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla -La Mancha, Jaime Lozano, y del magistrado Jesús Manuel Villegas, como representantes de la Plataforma que han asegurado está integrada por catedráticos, abogados, juristas y fiscales, a más de magistrados. De hecho, los dos han intervenido después de las ponencias del exmagistrado del Tribunal General de la Unión Europea, Ignacio Ulloa, y del catedrático de Derecho Internacional Privado de la UAB, Rafael Arenas, que han expuesto la teoría y práctica tanto de la cuestión de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional como de la cuestión prejudicial a instancias europeas.
La idea de la cual ha partido Lozano es que «está absolutamente convencido de que la Justicia europea dejará sin efectos la ley de amnistía«. En este sentido, ha ironizado sobre la técnica legislativa empleada y ha remarcado el carácter defensivo de utilizar la cuestión prejudicial como una manera de tutelar los derechos. «Cuando España entró en la Unión Europea se cedió soberanía, y, por tanto, los jueces estamos sometidos al imperio de la ley, y la ley europea está por encima, con la cuestión prejudicial, los jueces mirarán de garantizar que se cumpla la ley», ha argumentado. Aun así, ha recordado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no «anula» leyes, pero sí que las declara contrarias al derecho europeo. «No es una confrontación entre poderes, es el cumplimiento del imperio de la ley por parte de los jueces», ha advertido Lozano. El acto lo ha moderado la profesora de Derecho Internacional Público, Helena Torroja.
Tres vías para dejar sin efecto la ley
Según ha expuesto Ulloa, la proposición de ley orgánica de amnistía tiene tres puntos débiles por donde se puede atacar en la vía europea. Por un lado, el concepto de malversación y la corrupción. Según el exmagistrado del TGUE, exonerar de responsabilidad los delitos de malversación de fondo o relacionados con la corrupción vulnera la directiva de la Unión Europea 2017/1371. En este punto, recuerda que en las exclusiones de la ley se cuentan los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. Por lo tanto, los juristas han coincidido esta tarde que, atendida la directiva y las interpretaciones que ha hecho la justicia europea, los delitos de corrupción en toda la Unión son delitos que «afectan a los intereses financieros de la Unión Europea».
Además, esta exclusión toparía con la inclusión del artículo 1 de la ley que elimina la responsabilidad penal de los «actos de malversación dirigidos a financiar, sufragar o facilitar» la realización de cualquier acto del Procés. Por lo tanto, según las tesis expuestas, la exclusión em la Justicia europea pesaría más que no la inclusión. En este sentido, Lozano ha recordado que el TJUE puede interpretar que hay una «autoamnistía» dando por sentado que «la ley se aprueba con siete votos que representan los encausados que se verían afectados por esta ley».
La otra vía que recomiendan a los jueces para buscar la ineficacia de la ley de amnistía, o que sea declarada contraria al derecho de la Unión, es la cláusula del terrorismo. De hecho, todos los ponentes han coincidido en considerar el artículo que puntualizar qué tipo de terrorismo podría entrar en la amnistía es dejar en bandeja una interpretación restrictiva de la ley de amnistía según la directiva europea que determina lo que se considera terrorismo, la 2017/541. La guía, a pesar de genérica, es un manual de instrucciones procesal que contará bien pronto con dos
