Hacía tiempo que los abogados Josep Rosell y Lluís Gibert, rumiaban la idea. De hecho, habían tenido casos exitosos como la impecable persecución judicial a Pablo Casado, exlíder del PP, por un delito de odio contra los docentes catalanes aprovechando las mentiras sobre la inmersión, que llegó al Tribunal Supremo o bien, la defensa de los bomberos de Reus por su actuación durante el Primero de Octubre, el sumario Canelones, o una querella admitida a trámite contra Carlos Mazón por el desastre de la gestión de la DANA así como llevar el caso Xarli, de defensa a un inculpado de atentar contra el juez instructor del Proceso, Pablo Llarena.
Estos son solo unos cuantos ejemplos de la variedad y diversidad de casos, muchos con discreción y alejados de los medios pero que con mucha persistencia han llevado a cabo a través del «Grupo de Abogados Independientes». Ahora han decidido dar un paso más y crear «Acció Cassandra», una entidad que impulsan los dos letrados en defensa «de la nación catalana en el ámbito judicial europeo». Su objetivo es llevar a cabo «los procedimientos judiciales oportunos en defensa de la minoría nacional catalana así como la creación de las entidades con personalidad jurídica necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto».
La entidad ya ha ganado suficiente peso y se presentará formalmente el próximo día cinco de febrero a las siete y media de la tarde en un acto en el Ateneo. Será la primera etapa formal de presentaciones porque Rosell y Gibert tienen pensado explicar su buena nueva por todo el país. Para Gibert y Rosell, «la nación catalana, actualmente, no tiene instituciones legítimas que la representen» por eso impulsan la creación «de una personalidad jurídica que nos permita actuar a todos los niveles».
Unos objetivos claros
La entidad jurídica se ha marcado tres objetivos claros con una «vocación de renovación en los planteamientos de resistencia de la nación, que son contradictorios con las líneas de actuación de la ANC, Òmnium o el Consell de la República». Así ponen como primer objetivo el «reconocimiento jurídico de una nación minorizada sin la protección de un Estado a través de sentencias donde se haga explícito este hecho». En segundo término, la «defensa del catalán como lengua a proteger así como su sistema educativo». Y, en tercer lugar, la «denuncia y persecución de delitos de odio contra las personas por su condición de catalanes». «Salvando mucho las distancias, debemos ser un Manos Limpias catalán», apunta Rosell en conversación con El Món.
En el mismo sentido, los dos abogados impulsores han diseñado una «estructura jurídica internacional que ampare el resultado del Primero de Octubre como ejercicio del derecho de autodeterminación de la nación catalana». Para lograrlo, tienen la idea de constituir un «organismo internacional privado que procurará su reconocimiento como tal por parte de la ONU». Un primer paso para reclamar la presencia de la nación catalana en calidad «de observador hasta la total constitución de Cataluña como Estado de pleno derecho». Una entidad que «promoverá todas aquellas funciones propias de un Estado y que no necesiten una implementación territorial».
«Contundencia»
Gibert y Rosell han establecido un marco de dureza argumental pero rigurosa. De esta manera remarcan su «compromiso es reaccionar con total contundencia ante cualquier ataque contra nuestros derechos fundamentales como nación«. En esta línea, subrayan que «no solo con un ánimo sancionador de estas actitudes sino de reconocimiento internacional de nuestra realidad como minoría nacional oprimida». Es decir, aprovechar la energía del contrario en favor del reconocimiento nacional y acreditar «nuestra absoluta imposibilidad de desarrollar nuestros derechos políticos dentro del marco normativo constitucional español».
La entidad busca también financiación para afrontar los gastos judiciales y han abierto una cuenta de donativos sean puntuales o de asociado en su página web. Un lugar donde también animan a denunciar casos que consideren que se encuadran en los objetivos de la asociación. Por ejemplo, uno de los últimos casos que han tomado es la denuncia contra empresas de mensajería por delito de odio por parte de algunos de sus empleados, que no han hecho entrega de los correspondientes paquetes postales por el hecho de que los receptores les hablaban en catalán.
