La Comisaría General de Información de los Mossos d’Esquadra fueron los primeros en denunciar al juzgado y a la fiscalía la plataforma Tsunami Democrático. Así se desprende del sumario del caso, al que ha tenido acceso El Món, en un oficio remitido el 16 de octubre de 2019 con el número 951454/19, firmado por el subinspector 6113, que fue posteriormente ampliado con una docena de atestados policiales, profusos estudios de imágenes y volcados de teléfonos móviles de detenidos o identificados. Todos estos informes fueron remitidos a la Audiencia Nacional cuando comenzó las diligencias 85/19. De hecho, el pasado 14 de noviembre el jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos, el intendente Carles Hernández, remitió un atestado de resumen con todo el material, atestados y minutas firmadas por agentes del cuerpo durante las protestas contra la sentencia del Procés.
El oficio se centra en los dos primeros días de manifestaciones posteriores a la publicación de la sentencia e implica a Tsunami Democrático, los Comités de Defensa de la República (CDR), Òmnium Cultural, la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Arran, La Forja, el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC), el Sindicato de Estudiantes y Pícnic por la República. Curiosamente, también añaden a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). El atestado los considera a todos como convocantes de la protesta del aeropuerto del Prat, la concentración en la plaza Cataluña o la protesta de «28.000 personas ante la Jefatura del Cuerpo Nacional de Policía el día 14 por la tarde». El oficio proponía, sin embargo, que los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, desobediencia, resistencia a la autoridad y a lo sumo, lesiones. En ningún caso se hablaba de terrorismo y no hay referencia en ninguna muerte.
Agresiones y herramientas contundentes
El informe policial incluye actos en toda Cataluña, como el caso de «una mujer fue agredida por un hombre cuando exhibía una bandera española en la ciudad de Tarragona» o el «lanzamiento de objetos contra la línea policial a las concentraciones de Lleida que comportaron detenidos». También incluyen un corte de carretera con 200 personas, en la N-II, a su paso por Mataró, que acabó con una detención. Incluso, enfatizan que los manifestantes que «fueron andando hasta el aeropuerto provocaron un grave colapso circulatorio». También reprochan cortes de circulación en los alrededores de la plaza Cataluña o la avenida Diagonal a raíz de la concentración previa en la plaza Cataluña.
El instructor del atestado subraya que los manifestantes –»muchos de los cuales encapuchados»– en el aeropuerto «rociaban con agua el suelo para dificultar la acción de los efectivos de orden público», «hacían barricadas» y «lanzamientos de objetos contundentes» que se concretan con «adoquines, piedras, palos, botellas, vidrios o carretillas lleva maletas». Remarcan el vaciado de extintores y su lanzamiento posterior contra la línea policial, así como «cruzar contenedores y vallas para hacer barricadas» a las puertas de la terminal. Los Mossos califican los hechos de «graves desórdenes» desde el principio y reclamaron a Renfe, TMB y Aena cálculos sobre las afectaciones al transporte público y en los vuelos previstos.
«Los enfrentamientos con los cuerpos de seguridad fueron una constante durante toda la tarde del 14 de octubre, con lanzamientos de objetos contundentes contra los agentes de la autoridad, vaciado de extintores y lanzamiento de estos contra la línea», insiste el instructor del atestado. La policía calcula que durante la jornada se reunieron unas 8.000 personas en el aeropuerto del Prat. Los atestados ampliatorios indican «cargas intermitentes» y que el lanzamiento de objetos «afectaba tanto a policías (18 agentes) como a manifestantes».
Ven a políticos detrás de Tsunami
Especialmente interesante es el apartado del oficio que define, explica y detalla –según el parecer de los Mossos– las entidades convocantes de la protesta. Sobre Tsunami Democrático se remontan a su presentación pública el 2 de septiembre de 2019. En este marco, subrayan que «según ellos [Tsunami] tenía la intención de organizar una respuesta democrática para defender los derechos individuales y colectivos de las personas que se verían afectadas por la sentencia del Tribunal Supremo«. Todo para «volver a generar esperanza dentro del movimiento independentista».
«Esta campaña», opinan, «desde el inicio se ha caracterizado por la ausencia de personas visibles al frente de la iniciativa ciudadana». Ahora bien, los Mossos lo contraponen al hecho de que «desde el primer momento recibió el apoyo de varias personalidades políticas catalanas y varias organizaciones y colectivos sociales». Es decir, dejan claro que sospechan de la participación de los políticos en el entramado de la plataforma. Un detalle que posteriormente utilizaron los agentes de la Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil para implicar a políticos como por ejemplo el presidente en el exilio, Carles Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, también exiliada, y a los exdiputados de la CUP como David Fernàndez i Quim Arrufat, investigados en las diligencias del caso de la Audiencia Nacional.
Los policías también detallan los perfiles en las redes sociales que emplea la plataforma, así como su web. Hablan del perfil de Twitter, el canal de Telegram -del cual destacan sus 235.396 miembros–, la cuenta en Instagram y el correo electrónico que tenía la entidad, a través del gestor ProtonMail. Los Mossos consideran indispensable para la acción de Tsunami el uso de perfiles de las redes como parte de la campaña.
CDR, Òmnium y… Plataforma de Afectados por la Hipoteca
El oficio policial parece un catálogo de entidades soberanistas o de «plataformas de lucha social». Así, el subinspector instructor considera convocantes y organizadores de las protestas a los CDR. Unos colectivos que varían su configuración según «su ubicación geográfica» y «actualmente con el fin de reivindicar la proclamación de independencia aprobada por el Parlamento de Cataluña el 27 de octubre de 2017». Dando todavía un paso más allá, este atestado de los Mossos ubica a los CDR en «la órbita de la autodenominada izquierda independentista y de organizaciones en pro de la independencia de Cataluña como la ANC y Òmnium, o de plataformas de lucha social como por ejemplo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca». Los agentes alertan de que hay más de 250 CDR en todo Cataluña que se comunican por Telegram.
El mismo atestado aprovecha para describir Òmnium y la ANC. Sobre Òmnium Cultural, aportan la definición que difunde su página web como entidad sin ánimo de lucro, pero enfatizan su relación con uno de los condenados. «Hay que hacer mención que el presidente de Òmnium Cultural es Jordi Cuixart Navarro, una de las personas procesadas por la causa del Tribunal Supremo», recuerdan. En la misma línea, explican a la fiscalía y al juez detalles del ANC, y hacer mención de que «el señor Jordi Sànchez Picanyol fue presidente de la organización desde 2015 hasta 2017, año en que fue procesado por la causa del Tribunal Supremo». De ambas entidades, los policías aportan un estudio de redes y perfiles. La misma fórmula aplican a Arran y a La Forja. Sobre Pícnic por la República, hacen una especial mención al hecho de que este colectivo celebra «concentraciones en grupo, sentados en el suelo y con bastante comer para pasar muchas horas». Una definición que se asemeja mucho a lo que en Cataluña tradicionalmente se ha entendido como un aplec.
