Petición más que inquietante e inédita de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el marco del caso Koldo. En concreto, el capitán que dirige la investigación judicial ha solicitado a través de un escrito del pasado 3 de julio, un listado de las visitas que recibe Santos Cerdán en la prisión de Soto del Real, donde se encuentra ingresado provisionalmente por orden del magistrado instructor de la causa en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.
La petición, a la que ha tenido acceso El Món, se dirige a la secretaría de Instituciones Penitenciarias y se justifica por «el interés de las investigaciones en la causa». En este sentido, reclama que la Unidad «sea informada de las visitas que recibe el interno y si es posible con antelación a que se produzcan». En caso de que las visitas sean «imprevistas» y menciona expresamente las que sean de abogados «se informe de la manera más breve posible». Además destacan que es «de interés cuándo y quién realiza las visitas y no su contenido».
«Esto es muy grave, supone un ataque a los derechos de defensa de Cerdán», apuntan fuentes de su defensa. De hecho, la propia Guardia Civil ya señala que la petición no es usual. Por eso, en su oficio, «ruega la máxima discreción sobre estas gestiones, por el posible impacto que pueden tener en las investigaciones». Una petición de opacidad a los funcionarios de la administración.
El juez lo puede detener
De todas formas, la dirección general de Instituciones Penitenciarias no acaba de ver clara la petición. Solo así se explica que haya dirigido una comunicación al juez instructor, trasladando la petición del instituto armado. En este escrito, al que también ha tenido acceso El Món, informa al juez de la petición y le recuerda al magistrado que puede detenerla. En todo caso, son datos administrativos, pero que ponen en riesgo su derecho de defensa y del colectivo de abogados, con el entendido de que la UCO no debe saber nada de qué letrados coordinan o trabajan en la defensa del exnúmero tres del PSOE. Las partes pueden interponer un recurso de reposición si el juez autoriza esta peligrosa investigación.
El magistrado ha decidido, sin embargo, lavarse las manos ante la petición, y ha dictado una resolución por la cual le pasa la pelota a la administración de la seguridad de la prisión. «Ciertamente, en esta causa especial no se ha dictado ninguna resolución judicial referente a la cuestión concreta referida que aquí se pudiera modificar, ratificar, modificar o dejar sin efecto, y se debe actuar ante la solicitud recibida esta Secretaría General de Asuntos Penitenciarios en los términos que considere normativamente conducentes«. Es decir, lo deja en sus manos.
