Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, han solicitado al juez instructor del caso Leire, Santiago Pedraz, que pida a la agencia de comunicación Iki Group Communications S.L. y las cinco empresas que componen este holding los contratos que habría realizado con el PSOE y el PSC entre los años 2024 y 2025. Todo surge a raíz de una factura de casi 20.000 euros que el PSOE, a través de una agencia de publicidad, habría pagado por unos banners del PSC y Salvador Illa en Crónica Libre, durante una campaña electoral de 2024. Una contratación que hizo levantar las orejas al instituto armado.
En resumen, los investigadores concluyen que a la vista de los indicios recogidos durante la instrucción es «necesario profundizar en las operaciones económicas que podrían haber mantenido tanto el PSOE como el PSC» con las empresas del grupo. De hecho, este grupo ha facturado a varias entidades y administraciones catalanas en los últimos cinco años importes que superan los 20 millones de euros, a través de contratos marco con la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona, Barcelona Servicios Municipales o el Instituto Municipal de Hacienda.
«Una empresa catalana»
Esta petición de información nace a través de diversas piezas de la instrucción que los investigadores han ido encontrando. En primer término, la declaración en el cuartel de la Guardia Civil de Tres Cantos de Patricia Espinar, periodista de Crónica Libre. Una declaración, registrada el pasado 28 de mayo y a la que ha tenido acceso El Món, en la que Espinar explica que el diario consiguió publicidad «de alguna empresa catalana» que no recordaba y de «el Ayuntamiento de Salou con relación a la feria FITUR» –la feria de turismo en Madrid. Sin embargo, la declarante subrayó una factura de la empresa IIki Group Communications por un importe de 18.125 euros, con fecha 27 de mayo de 2024, como uno de los ingresos estrella del diario.
La Guardia Civil sostiene ante el juez que Crónica Libre servía para apuntalar mediáticamente la estrategia de socavar el prestigio de la UCO y de los jueces y fiscales que investigaban al PSOE, el gobierno español, Pedro Sánchez y su entorno más inmediato. Ahora, los investigadores quieren tener toda la información contable, financiera y tributaria de los tratos que el Grupo Iki –donde se integran Iki Group; Iki Media Solutions; Iki Media Communications, Fischerman y Pavlov, SL–, tuvo con el PSOE y el PSC durante los ejercicios 2025 y 2026. En el paquete incluyen contratos, facturas, justificantes del trabajo realizado, recibos y cualquier información que se relacione. Ahora el juez debe decidir cuáles de los requerimientos de la UCO autoriza a fin y efecto de «esclarecer» la relación entre las formaciones y esta gran agencia de comunicación. La Guardia Civil también ha solicitado al juez los movimientos de tres cuentas corrientes del PSOE. En cambio, no consta que pidan nada de «la empresa catalana» así como tampoco del Ayuntamiento de Salou.
