La supuesta cloaca del PSOE del caso Leire que investiga el magistrado Santiago Pedraz también está ayudando a sacar a la luz puntos oscuros de la operación Cataluña, la de la cloaca del PP. Y con qué intensidad. De hecho, los atestados aportan nuevos datos sobre, por ejemplo, los implicados de la Guardia Civil en el dispositivo clandestino contra el independentismo, como el teniente coronel Basilio Luis Sánchez Portillo, que también aparece en los cuadernos de Leire Díez, a los cuales ha tenido acceso El Món. Pero también hay nuevos audios que aclaran cómo fue la operación Cataluña, el papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las «investigaciones prospectivas» que se llevaron a cabo, por ejemplo con los Pujol Ferrusola, con los que «se forzó la máquina» y lo que habría cobrado la examante de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, una situación que se mantuvo durante unos meses incluso cuando Fernando Grande-Marlaska era ministro del Interior.
Así lo explica el ex número dos de Interior, Francisco Martínez, acusado en el caso Kitchen y también en la querella andorrana contra la rama en el Principado de la trama contra el Procés. Leire Díez mantuvo reuniones con este exsecretario de Estado de Seguridad, que fue mano derecha de Jorge Fernández Díaz. Dos encuentros, celebrados el 15 y el 22 de julio de 2024, que fueron grabados. Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) localizaron los audios en los dispositivos móviles intervenidos en las entradas y registros. Reuniones en las que hacía de anfitrión uno de los abogados más habituales en la Audiencia Nacional, José Aníbal Álvarez, que ha llevado defensas del caso Koldo –la defensa de José Luis Ábalos–, del caso Mascarillas, del caso Mercasa o del caso CNI.
El primer encuentro se celebra en uno de los despachos de Álvarez y tiene una duración de algo más de una hora y media. Díez plantea quién es y para quién trabaja. De hecho, se define como un «puente» entre PSOE y gobierno español y pide ayuda a Francisco Martínez para hacer «encajar las piezas del rompecabezas», pero no como hasta ahora, que se ha hecho «a golpe de martillo». En resumen, Leire Díez pide al exsecretario de Estado información sobre las cloacas del PP, sobre la operación Cataluña y sobre la trama andorrana, así como toda aquella información que pueda dar sobre los audios y documentos del comisario ahora jubilado José Manuel Villarejo. Martínez se muestra renuente en un primer momento, porque hacía pocos meses que le habían ofrecido entrar en la ley de amnistía a cambio de la misma información, pero nunca más volvió a saber nada. Martínez, en el primer encuentro, apunta ya información que hasta ahora dormía el sueño de los justos y ayuda a esclarecer detalles de la operación Cataluña.
«Dos tontos útiles» en el caso de la BPA
Después de una puesta en contexto, en la que Martínez muestra su desconfianza, Díez toma las riendas de la conversación y pone los puntos sobre las íes de lo que «quiere saber» para «desenmascarar» y «desenredar» la información que circula, con el argumento de no permitir que el comisario de inteligencia jubilado José Manuel Villarejo acabe como un «héroe» o como una «víctima». Martínez replica que le «extrañaría» que Villarejo consiguiera ese papel. Pero Díez insiste, asegura que empieza a haber «síndrome de Estocolmo» con Villarejo para ablandar a Martínez y le pide ayuda. Intenta ganárselo asegurando que, en los audios que ella ha escuchado, él deja claro que debía consultar a sus superiores y queda claro que la operación Cataluña no partía de él. Llegado este punto, Díez le pregunta si tiene alguna prueba material de todo lo que puede contar sobre la «línea política y la línea policial» de la operación Cataluña y la trama andorrana a través de la intervención de la BPA.
Precisamente sobre la BPA Martínez avisa que «no podrá ser una conversación corta». Para Martínez, es un asunto que ha llevado el fiscal anticorrupción José Grinda y una «persona misteriosa del CNI» y en el cual hay unos «tontos útiles» como Marcelino Martín Blas y el policía que trasladó el mensaje a los propietarios de la entidad, Celestino Barroso, que admitió las presiones en su testimonio en el juicio de los Pujol Ferrusola. Para Martínez, fue una operación del CNI. De hecho, recuerda con Díez la «buena sintonía» que había entre Grinda y Villarejo, junto con el exdirector del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y de la UDEF, José Luis Olivera, ambos con conexiones con el CNI. De ahí que Martínez refuerce su versión de que fue una operación del CNI. En cambio, esta sintonía termina con el caso Emperador o Gao Ping, la causa que ha servido para condenar a los directivos de la BPA en Andorra y que en España ha terminado con un acuerdo, pactado hace dos semanas, sin ninguna pena de prisión.
Martínez aprovecha para poner en duda las notas informativas de Villarejo. En este sentido, insiste en que no participó en la BPA, pero sí que hizo notas a posteriori para «cobrar a los Cierco», los propietarios de la entidad. Así, considera que las notas informativas del comisario muchas eran «falsas, o parcialmente falsas, pero todas perseguían su interés personal». «Nos la había colado», asegura aunque desde el principio vio las buenas relaciones que tenía con jueces y fiscales y con el director adjunto operativo de la Policía Nacional de la época, el DAO Eugenio Pino. En este sentido, Martínez explica que el caso de BPA hay un momento en que las fiscalías andorrana y española se coordinan para intervenir en el banco acusándolo de blanqueo. Una medida «desproporcionada» que se lleva a cabo en marzo de 2015 y es una «operación que no es normal». Y reconoce que habían buscado información de los independentistas y de los Pujol en la BPA y en Andorra. También duda que Pino tuviera la información del FINCen.
Se «forzó la máquina» con los Pujol
La conversación avanza y Díez quiere hablar de la operación Cataluña, que considera seria. Martínez asegura que la operación «no existió» como un «plan» al que se le puso ese nombre, sino que fueron «actuaciones en el ámbito policial dirigidas a generar causas o hacer aflorar casos de corrupción de personas relevantes del movimiento independentista y con una cierta búsqueda prospectiva». «Se forzó la máquina para conseguir información de los Pujol, pero en parte aquella información era verdad, en una parte», añade. También recuerda que Vicky Álvarez aún estuvo cobrando «unos meses» una vez nombrado Fernando Grande-Marlaska como ministro.
