«La operación Catalunya es una supuesta estrategia llevada a cabo entre 2012 y 2016 para investigar y desacreditar a líderes vinculados al movimiento independentista catalán». Esta es la descripción que hace la poderosa Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, en uno de los principales atestados, el 89/2026, de las diligencias 150/2025, el caso Leire, que instruye el Tribunal Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en manos del magistrado Santiago Pedraz. Se refiere al operativo de la policía patriótica de la etapa de Mariano Rajoy ante el cual el PSOE se puso de perfil a pesar de las evidencias. En los últimos años, en cambio, el partido de Pedro Sánchez ha querido tenerlo en su arsenal para la batalla contra el cerco judicial que considera que sufre y contra el PP y, de rebote, aprovechar para continuar su relación con Junts y ERC y sostenerse en la Moncloa, con el compromiso de que se investigaría aquella operación y que se aplicaría la amnistía. Así pues, había un doble efecto e intención: conseguir pruebas de la guerra sucia contra el Procés por parte de jueces, fiscales y guardias civiles y, por otro lado, alimentar la relación con Junts y ERC.
En este atestado, titulado Informe sobre hechos de aparente naturaleza delictiva, los agentes de la policía judicial hacen una especie de minuto y resultado de la supuesta trama del PSOE para buscar información comprometida y delicada de los jueces, policías y fiscales encargados de los casos que acosaban a la formación, el gobierno de Pedro Sánchez y su entorno. Cualquier tipo de información que sirviera para evidenciar que el sistema tenía una brigada política con varios tentáculos para atacar al PSOE. Y también, para buscar víctimas de otras operaciones clandestinas del Estado para tejer complicidades y que ayudaran a aportar información o denuncias públicas.
Precisamente es en este punto donde el UCO detecta el uso de la operación Catalunya en la trama. La tesis de la Guardia Civil es que la supuesta cloaca del PSOE utilizaba el fantasma de aquel operativo tanto para encontrar información delicada de jueces, fiscales y policías como para encontrar aliados que les suministraran material o denunciaran actuaciones irregulares de los mismos representantes del sistema penal. Incluso, los investigadores han encontrado un documento en un móvil de Leire Díez con un jugoso documento titulado Acciones Cataluña, donde se especifican una serie de hechos relacionados con la operación contra el soberanismo catalán. Además, contactaron con nombres como Nervis Villalobos -personaje central de la conexión Maracaibo de la operación Catalunya- o el teniente coronel Basilio Sánchez Portillo, uno de los enigmas del dispositivo clandestino contra el Procés o el coronel Daniel Baena. Incluso, con el telón de fondo de la amnistía como argumento para garantizar la continuidad de Sánchez en la Moncloa por el apoyo de Junts y ERC. La casualidad ha querido que en el exdirector adjunto operativo del CNP con Rajoy, Eugenio Pino, en su declaración como acusado en la operación Kitchen, asegurara que la fiscalía estaba al corriente de la operación Catalunya. Las libretas de Leire Díez, a las que ha tenido acceso El Món, aparecen todos estos elementos de la operación Catalunya.
«El UCO patriótico»
El atestado recoge declaraciones que constan en el sumario, a las cuales ha tenido acceso El Món, que ya esbozan los objetivos de la supuesta trama que coordinada, a criterio del juez instructor y la Guardia Civil, Santos Cerdán y dirigía operativamente Leire Díez. Hay, por ejemplo, declaración como testigo de Francisco, Fran, Ortega, relacionado con Díez por un trabajo como número dos de seguridad de Correos, donde la fontanera del PSOE era jefa de relaciones institucionales. Ortega fue escolta, entre 2003 y 2011 en Navarra y el País Vasco. En ese destino, conoció a Koldo García -también escolta en aquella época- y uno de los personajes centrales de todo el caso, el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, exjefe del servicio de Información de la Guardia Civil en Intxaurrondo y destacado después en las Unidades Centrales Especiales 1 y 2 (UCE) del instituto armado, la élite de los analistas del cuerpo. Villalba también fue quien dio teléfonos móviles tuneados a Víctor de Aldama y Koldo García, tal como se reconoce en el sumario del caso Mascarillas.
Ortega relató a la Guardia Civil sus encuentros con Leire y qué tipo de información le pedía. En concreto, sobre el UCO. Es en este punto que, según Ortega, Leire se refería a la unidad como «el UCO patriótico» –versionando el término policía patriótica de la época del PP– todo «trazando paralelismos con la operación Catalunya y el caso Sandro Rosell». Es decir, buscando información sobre la participación de miembros del instituto armado en la «fabricación de pruebas contra los independentistas».
Villalba lo confirma y aparece Basilio
El testimonio de Ortega se corrobora con otro de los testimonios, el del comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, que el pasado 28 de mayo explicó a sus compañeros del UCO la misma versión, pero mucho más ampliada, que la expresada por Ortega. Villalba reconoció haber participado en dos reuniones con Díez. De hecho, escribió dos actas que entregó a sus superiores y a las que también ha tenido acceso El Món. Detalla que Díez «insiste mucho, en el transcurso de la reunión, sobre la operación Catalunya y su vinculación con el fiscal Grinda y el tecol Basilio». Dos nombres que se refieren al fiscal anticorrupción José Grinda y al teniente coronel de la Guardia Civil Basilio Sánchez Portillo.
En definitiva, son dos nombres que aparecen con regularidad en los atestados y en las actas de declaración de testigos recogidos por los investigadores. En cuanto a Grinda, lo enlazaban con la trama andorrana de la operación Catalunya, con la extracción de datos de la Banca Privada de Andorra (BPA), la operación Llampec para hacerse con los nombres y apellidos de los depositantes del banco donde los Pujol Ferrusola tenían el dinero que supuestamente provenía de la herencia de Florenci Pujol.
Grinda, como fiscal que perseguía la financiación irregular de CDC, también es el puente de las declaraciones con Nervis Villalobos, exviceministro de Energía de Venezuela, que denunció presiones del fiscal anticorrupción para que aportara datos sobre las finanzas de los Pujol Ferrusola. De hecho, compareció en la comisión de investigación en el Congreso donde recordó las dos denuncias interpuestas por presiones del inspector Bonifacio Díez, alias Boni, uno de los miembros operativos de la policía patriótica, y del fiscal Grinda. Según Villalobos, se le presentó como asistente del director adjunto operativo (DAO) para conseguir los datos financieros de los Pujol Ferrusola, y a cambio lo dejarían estar e implantarse en España con sus negocios. Ahora Villalobos se encuentra investigado en la causa por, supuestamente, aportar información que comprometería a Grinda sobre la operación Catalunya. También insisten en el nombre del teniente coronel Basilio Luis Sánchez, un agente encubierto que actúa con el nombre d’Alfonso Ruiz. Un detalle que el informe 18162/VIII-JG de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) del CNP, de 22 de julio, también recoge. Basilio Sánchez/Alfonso Ruiz reconoció ante la jueza que instruyó una denuncia del jefe de la sección de Internacional de la BPA que dirigió la investigación contra el banco con una cincuentena de agentes del instituto armado destinados a Catalunya. En aquella instrucción se jactó de que, a raíz de su investigación, el FINCen de Estados Unidos, la unidad del servicio de prevención de blanqueo, actuó contra la BPA.
«Acciones Cataluña«
Por otro lado, la trama que supuestamente coordinaban Santos Cerdán y Díez habría articulado una guía de trabajo titulada Acciones Cataluña. En este punto, mezclaban varios elementos que iban desde información comprometida de la brigada política de la policía durante los años de plomo de la operación Catalunya hasta aprovechar información que aún no se había utilizado para presionar a víctimas para que colaboraran con el PSOE o aprovecharse de Junts y ERC en el marco de todo lo que surgía en la comisión de Investigación de la operación Catalunya. Incluso, se apuntó la posibilidad de presionar al comisario José Manuel Villarejo para que les suministrara material comprometido de Manuel Marchena, y así forzar la aplicación de la amnistía a cambio de garantizar el apoyo de Junts.
El documento, que según la Guardia Civil es del 27 de abril de 2025, prevé acabar con la comisión de investigación lo antes posible. De hecho, el PSOE siempre tuvo prisa por cerrarla y registrar las conclusiones en la fiscalía. En el mismo sentido, este documento muestra cómo maniobraban para no sucumbir a los deseos de Junts, como las peticiones de comparecencia del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso por cuestiones como Egovox, un sistema de grabación e interceptación de comunicaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado bajo sospecha por su manipulación. De hecho, fue el sistema utilizado para implicar a Gonzalo Boye en el caso de Sito Miñanco. También lamentan que Junts no entienda que no se haya ido más allá contra los policías y fiscales implicados en las diversas subtramas de la operación Catalunya, tal como se había comprometido el PSOE. Pero el grupo de Leire Díez considera que ya han hecho bastante favoreciendo que participaran en la comisión de investigación.
En cuanto a la amnistía, determinan que es «uno de los obstáculos para ser más ágiles y poder resolver con éxito la cuestión es el Tribunal Supremo». Pero no solo para que Junts o ERC sostenga al gobierno sino porque consideran que al partido también le afecta. «Se podría decir que estamos haciendo progresos; creo que nos encontramos en el sprint intermedio antes del final de la etapa para que se pueda implementar el acuerdo con Villarejo y Paco Martínez y podamos obtener los documentos de Villarejo, especialmente aquellos que hacen referencia al Tribunal Supremo, a los jueces y a los fiscales», exponen en el documento. Una referencia a las negociaciones del comisario de inteligencia jubilado y el ex número dos del Ministerio del Interior, de aportar datos comprometidos de los integrantes de la sala penal del Tribunal Supremo, que tendría la última palabra en la aplicación de la amnistía.
