Aluvión de diligencias. Así se puede definir la resolución del titular del Tribunal Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, quien instruye el caso Leire. En una resolución de 7 páginas a la que ha tenido acceso El Món, el instructor evalúa las diligencias solicitadas por la fiscalía anticorrupción y por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, policía judicial del caso. En conclusión, las acepta casi todas, y cita a 22 testigos, así como reclama el registro de visitas de la sede de la Fiscalía General del Estado para constatar si ha habido reuniones de representantes del ministerio público con imputados o testigos del caso.
La resolución, en cambio, guarda silencio sobre la ampliación de datos que solicitaron tanto la fiscalía como la UCO de las empresas que pusieron publicidad en Crónica Libre, uno de los diarios donde la trama difundía el resultado de sus pesquisas, por la campaña del PSC. No obstante, el juez ya acordó en la resolución de entrada y registro, los números al Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Cuentas. Asimismo, cita como imputada a Leticia de la Hoz, abogada de Koldo Garcia y a la exministra Cristina Narbona, como testigo.
También incluye en las peticiones documentales si hay algún expediente abierto por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre Nervis Villalobos, exviceministro de Energía de Venezuela que denunció irregularidades del fiscal anticorrupción José Grinda. De hecho, este fiscal también es objeto de otras diligencias como el caso de una denuncia de una trabajadora de la limpieza pública de Jaén que tuvo un proceso penal contra Grinda.
22 testigos
Según la orden judicial, Leticia de la Hoz debe comparecer el 14 de julio, mientras que Narbona debe comparecer el 9 de julio. El juez Pedraz ha acordado también citar un total de 22 testigos entre el 26 de junio y el 13 de julio, incluyendo al jefe de Estado Mayor y tres oficiales de la Guardia Civil, los abogados José Aníbal Álvarez -que auspiciaban las reuniones entre Díez y el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y Antonio García Cabrera, abogado de José Manuel Villarejo y los empresarios Carmen Pano, Claudio Rivas y Joaquín Parra, y Rubén Villalba, también oficial de la Guardia Civil.
