El titular del Tribunal Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, dictó recientemente un auto que hizo estallar el caso Leire, sobre la supuesta cloaca del PSOE organizada para torpedear investigaciones contra el PSOE, Pedro Sánchez y su entorno. La resolución de Pedraz situaba el inicio de las actividades más duras de la trama –que, a criterio del juez, dirigía Santos Cerdán y coordinaba Leire Díez– el 24 de abril de 2024, justo cuando Pedro Sánchez remitió una «carta a la ciudadanía» informando que desconectaba durante cinco días para reflexionar si continuaba o no en el cargo, después de que el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, abriera la causa contra su esposa, Begoña Gómez.
Han pasado más de dos años y el caso abierto por Peinado ha continuado minando la Moncloa y ha sido munición para una oposición instalada en la guerra permanente contra Pedro Sánchez, con un extraordinario asedio judicial a la formación y a sus dirigentes. Este lunes, Begoña Gómez está citada a la audiencia preliminar, es decir, la antigua sesión de cuestiones previas, donde se deben dirimir posibles vulneraciones de derechos fundamentales o de garantías procesales y debatir la competencia del órgano judicial que corresponda por ley: en este caso, el instructor pide que el juicio sea a través de un tribunal popular, por la ley del jurado.
La lectura política del caso es imprescindible para entender la situación. Sentar en el banquillo de los acusados a la esposa de un presidente del gobierno español no es una cuestión fútil, y más cuando la fiscalía pide el archivo de la causa. Precisamente, uno de los hechos más sorprendentes es que la opinión publicada de izquierdas de Madrid se ha dado cuenta de que el caso se sustenta por las acusaciones populares, auténticas fiscalías en la sombra, como son Hazte Oír, Vox, el parasindicato Manos Limpias, Iustitia Europa o Movimiento de Regeneración Política de España. Todas ubicadas en el espacio de la derecha extrema. Curiosamente, esta misma izquierda, en el caso de la causa del Procés, en el que también estaba Vox como acusación popular, no lanzó ninguna crítica. Incluso en casos escandalosos como el mantenimiento de la prisión provisional del conseller Joaquim Forn, que se prolongó a pesar de que la fiscalía pedía su libertad porque Vox lo pidió al juez instructor, Pablo Llarena.
Un ambiente hostil
El juez ya ha avisado que Gómez deberá asistir a la audiencia preliminar en persona. En caso contrario, dará órdenes a la fuerza pública para que la detenga y la lleve ante su presencia. La cita llega en un momento especialmente delicado en la salud política del PSOE. El caso Plus Ultra, que tiene como principal investigado a José Luis Rodríguez Zapatero, cada vez se complica más. El viernes el magistrado instructor ampliaba los delitos de imputación añadiendo uno de delito fiscal y otro de contrabando, por las joyas confiscadas por la UDEF en los registros judiciales en su despacho. Además, el caso Leire va abriendo nuevas ventanas de cómo funcionaba la pretendida trama.
Todo ello a la espera de la sentencia del caso Mascarillas, con José Luis Ábalos como máximo inculpado, la evolución del caso Cerdán y, además, el anuncio de que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional tendrán una tarea delicada, a la vista de que todo apunta a que el 16 de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalará la ley de amnistía, lo que puede abrir un nuevo choque entre los poderes del Estado. El ambiente es hostil al PSOE y más cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha desestimado la queja que presentó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por el comportamiento del juez Peinado.
La batalla política volverá al juzgado a partir de este lunes por esta comparecencia inédita de la esposa del presidente del Consejo de Ministros. La audiencia preliminar también podría coincidir con una noticia que hace tiempo se espera, y es que el juez Pedraz impute al PSOE, como partido, en el caso Leire, una vez se haya aportado explicada la documentación conseguida durante la entrada y registro en la sede estatal de la formación en la calle Ferraz de Madrid. La combinación es explosiva y puede abrir una nueva fase de rudeza política y mediática contra los socialistas.
Un juicio extravagante
El juez Peinado tiene como objetivo imponer la pena del telediario no solo con la entrada a los juzgados de Gómez, sino hacerla sentar en el banquillo de los acusados. En la resolución de convocatoria, se preocupó de dejar claro que utilizaría la fuerza pública si no se presentaba. De hecho, considera que hay razones, como las penas a las que se enfrenta, que la invitarían a eludir la acción de la justicia. Incluso, se modificó la hora de la citación para las seis de la tarde, porque el abogado de Gómez, el exministro del Interior Antonio Camacho, tenía una vista por la mañana. La misma insistencia de Peinado por Gómez la sostiene para los otros dos encausados en el caso, la asesora de la esposa de Sánchez, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
El juez propuso que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, corrupción en los negocios e infracción de marca. Todo ello por supuestamente apropiarse de un sistema operativo informático para influir en contratos como codirectora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y modificar el pliego de cargos para beneficiar a las empresas de Barrabés. Unas acusaciones que Gómez ha negado desde el minuto cero. El caso ha obligado a personarse como acusación particular la misma UCM.
Hasta 24 años de prisión
La línea de defensa de Gómez es la absolución. Su abogado presentó un escrito donde razonaba que ninguno de los hechos imputados era constitutivo de delito. Y, además, añadía que las acusaciones actuaban con «mala fe» y temeridad, que según el letrado «se ha puesto de manifiesto durante todo el proceso de instrucción». En definitiva, el abogado Camacho razona que «hay una inexistencia absoluta de suficiente base indiciaria desde el inicio». En pocas palabras, como el ministerio público, que pide el archivo de la causa. De hecho, la fiscalía ya ha avanzado que pedirá la absolución de los tres acusados en caso de que la Audiencia de Madrid corrobore la decisión del juez de ir a juicio.
Las acusaciones no escatiman. Así, piden hasta 24 años de prisión para Gómez, la prohibición de la salida del país y la retirada del pasaporte por un evidente riesgo de fuga a la vista de las penas solicitadas. Hazte Oír también pide 22 años de prisión para la asesora de Gómez en la Moncloa, Cristina Álvarez, por presunta malversación y por ser «cooperadora necesaria» en el resto de delitos que también atribuyen a la esposa del presidente. Y también piden seis años para el empresario Juan Carlos Barrabés, por los supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
