Cuando todos esperan su pronunciamiento sobre las medidas cautelares, el juez del caso Begoña Gómez, ha dado un paso más. El magistrado Juan Carlos Peinado ha abierto una nueva pieza separada en el sumario para indagar en los contratos del empresario Juan Carlos Barrabés, también investigado. El instructor ha dictado sendas providencias donde decide abrir una subtrama del caso por dos delitos: presunta prevaricación y fraude de intereses de la Unión Europea (UE). Una decisión que razona a raíz de un oficio de la Fiscalía Europea en el que apunta a una posible afectación de fondos públicos de Bruselas.
La decisión llega después de que el lunes se celebrara la audiencia preliminar con el ministerio fiscal, que reclama el archivo de la causa, y las acusaciones populares que reclamaron la retirada del pasaporte de Gómez. Una decisión que el juez aún no ha tomado. De hecho, se esperaba que en un plazo de 24 horas decidiera sobre la prohibición de salir del Estado, de la esposa del presidente español, Pedro Sánchez. El caso, después de dos años y medio, continúa creciendo, a pesar de las peticiones de archivo del ministerio público y de la defensa.
Pero lejos de cerrar el caso, el magistrado propuso que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, corrupción en los negocios e infracción de marca. Todo ello por supuestamente apropiarse de un sistema operativo informático para influir en contratos como codirectora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y modificar el pliego de cargos para beneficiar a las empresas de Barrabés. Unas acusaciones que Gómez ha negado desde el primer momento. El caso ha obligado a personarse como acusación particular la misma UCM.
Hasta 24 años de prisión
Las acusaciones, todas ubicadas en el espacio de la extrema derecha, reclaman durísimas penas para los investigados. Así, piden hasta 24 años de prisión para Gómez. Hazte Oír también pide 22 años de prisión para la asesora de Gómez en la Moncloa, Cristina Álvarez, por presunta malversación y por ser “cooperadora necesaria” en el resto de delitos que también atribuyen a la esposa del presidente. Y también piden seis años para el empresario Juan Carlos Barrabés, por los supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Barrabés es clave para justificar la apertura de la pieza separada.
