Como era previsible, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya ha puesto fecha a la cuenta atrás para la aplicación de la ley de amnistía, será el 16 de julio. Una resolución que se espera favorable a los intereses de los beneficiarios de la ley si se tiene en cuenta el informe del abogado general del TJUE, en este caso Daniel Spielmann, que a pesar de no ser vinculante, normalmente los magistrados hacen caso a sus dictámenes, que apostaba por la legalidad de la ley y totalmente adaptada a los postulados de la normativa europea.
De esta manera, la sala grande del tribunal con sede en Luxemburgo debe resolver las dudas del Tribunal de Cuentas sobre la aplicación de la amnistía en la causa por los gastos vinculados al 1-O y los de la Audiencia Nacional por el caso de la Operación Judes contra los CDR. Paralelamente, el Tribunal Constitucional ha difundido que resolverá los recursos de amparo interpuestos por los líderes del Procés condenados o procesados por malversación entre septiembre y octubre próximos.
De todas formas, el Tribunal Supremo podría resolver los casos pendientes sobre la amnistía una vez el TJUE se haya pronunciado. En este sentido, Gonzalo Boye, el abogado del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, no confía en que los magistrados españoles actúen con celeridad y hagan caso de la justicia europea. El calendario europeo y la filtración del TC coinciden en un momento de máxima intensidad del asedio al PSOE por parte de los tribunales españoles. Un hecho que podría suponer buscar cierto oxígeno de Junts por parte del PSOE o bien, que la justicia aún sea más refractaria a aplicar una ley que consideran fruto de las necesidades electorales de Pedro Sánchez.
Sprint final
El 16 de julio, pues, será el inicio del sprint final de la aplicación de una ley que se aprobó hace dos años. Los magistrados europeos deben resolver cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional -caso Judes- el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sobre el caso de Josep Maria Jové, y una peculiar petición de un juzgado de Vilanova i la Geltrú sobre un delito electoral por haber participado en una mesa con un lazo amarillo. Aunque no son cuestiones planteadas directamente en el caso del juicio del Procés, sí que el TJUE con su resolución establecerá las normas interpretativas con las que se debe aplicar la ley respecto al derecho de la Unión.
Por lo tanto, la sentencia será una especie de manual de instrucciones para los recursos de amparo de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Toni Comín y Lluís Puig contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarles la amnistía por el delito de malversación. De hecho, el Supremo podría enmendar su decisión pero todo apunta que esperará hasta que el TC resuelva. Cabe decir, que el último plenario del Constitucional es el 20 de julio, por lo tanto, será justo que resuelva cuatro días después de la resolución del TJUE. Ahora bien, el hecho de que las medidas limitativas de libertad y de ejercicio de derechos políticos obligarían a la celeridad de los magistrados.
El camino al Constitucional puede ser más bien arduo a pesar de la mayoría progresista, a la vista de las ponencias que han recaído en magistrados abiertamente antiamnistía como José Maria Macías, que fue apartado de la decisión sobre la constitucionalidad de la ley, aprobada por San Juan del año pasado. Si el TC estima los recursos y da la razón a los líderes independentistas, anulará las resoluciones del Supremo que impedían la aplicación de la amnistía y pedirá a este tribunal que dicte nuevas resoluciones respetando los criterios establecidos. Por lo tanto, la decisión final quedará en manos del magistrado instructor de la causa, Pablo Llarena, respecto a los miembros del exilio; y para el resto, al tribunal sentenciador que presidía Manuel Marchena.
