Paso a paso y al ritmo del veterano titular del Tribunal Central de Instrucción de la Audiencia Nacional número 5, Santiago Pedraz, comienza a permitir a los imputados tener acceso a parte de las actuaciones en el caso Leire, que investiga la supuesta cloaca del PSOE. En un breve auto, de dos páginas y al que ha tenido acceso El Món, ha ordenado levantar «de manera parcial» el secreto de actuaciones. El caso investiga una trama coordinada por el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y Leire Díez, a través de la cual buscaban información para torpedear investigaciones abiertas contra el partido, sus dirigentes, el gobierno español, Pedro Sánchez y su entorno.

El magistrado detalla que han llevado a cabo la mayoría de las diligencias para construir el caso. Sin embargo, mantiene el secreto para una pieza separada durante un mes, a la cual solo tendrá acceso el ministerio fiscal, para no perjudicar las investigaciones. El caso se dirige contra Díez y contra el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por presuntos delitos de organización criminal, soborno, revelación de secretos e inducción al falso testimonio. De hecho, algunas fuentes del caso aseguran que Pedraz, una vez termine las diligencias pendientes, podría llegar a imputar al PSOE como formación. La semana pasada el juez ordenó la entrada y registro en la sede estatal del partido en la calle Ferraz de Madrid.

Parte dispositiva del auto con el que se levanta parcialmente el secreto de las actuaciones contra el PSOE/QS
Parte dispositiva del auto con el que se levanta parcialmente el secreto de las actuaciones contra el PSOE/QS

«Una investigación adecuada»

De esta manera el juez inicia los procedimientos para poner los expedientes a disposición de las partes implicadas, «con el fin de permitir una investigación adecuada en el ejercicio de su derecho a la defensa». Pedraz asumió la investigación en diciembre de 2025 tras la detención de Díez, del expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y del empresario y director de Servinabar Antxon Alonso, vinculado a Cerdán. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que Díez, Fernández y Alonso recibieron 700.000 euros en comisiones «para implicar a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI en sus operaciones» en un total de cinco transacciones bajo sospecha.

Comparte

Icona de pantalla completa