El juicio en la Audiencia Nacional contra Gonzalo Boye, el abogado de Carles Puigdemont, por un supuesto blanqueo ha comenzado cojo tras una instrucción con dudas, incidencias, pruebas sobrevenidas y cambios de versión de los implicados. Todo en el marco del caso Mito, un caso de narcotráfico de manual, con Manuel Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, como uno de los grandes protagonistas. Un caso que la fiscalía ha aprovechado para buscar las cosquillas a Boye, la persona que se identifica con el fiasco de España en una batalla por extraditar al presidente en el exilio que ya dura siete años.
La derivada por la cual se implica a Boye es la recuperación de unos dineros confiscados en el aeropuerto de Barajas, en que ni el Sepblac ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid vieron en su momento ningún indicio de criminalidad. Pero la fiscalía, con la connivencia de la poderosa Unidad de Delincuencia Fiscal y Económica del Cuerpo Nacional de Policía (UDEF) y de la magistrada instructora, Maria Tardón, orientaron la instrucción para lograr sentar a Boye en el banquillo de los acusados.
Un total de 48 acusados en un macrojuicio
Tras recibir el apoyo de abogados catalanes y de la plana mayor de Junts frente a la fachada de la Audiencia Nacional, este lunes se ha visto la foto de Boye sentado en la sexta fila de una larga lista de procesados, 48 personas y cinco entidades mercantiles. De hecho, ha rechazado sentarse en el estrado con la toga, como podría haber hecho por su condición de abogado. Desde esta posición, muy diferente a la que ocupa habitualmente, ha visto cómo las defensas de los encausados afilaban las herramientas para lo que será un juicio largo –la previsión es que haya sesiones hasta febrero–, denso y complejo.
Todas las defensas han esbozado cuál será su estrategia judicial y ha permitido visualizar que Manuel Puentes Saavedra, el hombre utilizado por la fiscalía para enredar a Boye, quedaba aislado del grueso del resto de los acusados. El primero de los testigos, el inspector del CNP con TIP 81586, –en condición de protegido– ha aguantado bien al fiscal, pero la defensa de Prado Bugallo llevaba los deberes hechos y ha tenido suerte de que el presidente de la sala, Félix Alfonso Guevara, como es su costumbre, ha cerrado la sesión a las dos en punto de la tarde.
El magistrado Guevara marca los tiempos, las formas y los fondos
Los letrados que hoy llenaban el estrado de la funcional sala dos de la sede de San Fernando de Henares de la Audiencia de Madrid no acababan de hacer la pasantía. Ni mucho menos. Un buen catálogo de los habituales de este tribunal especializado –que no especial– tenían muy presente dónde estaban. En una sala difícil, pero rigurosa, con un presidente, el magistrado Félix Alfonso Guevara, dispuesto a atar corto las partes para que la vista no se desmadre. De hecho, Guevara no ha decepcionado, y, con ejemplos frecuentes de que durante la vista presta atención y tiene el sumario en la cabeza, ha ventilado las cuestiones previas en una hora y tres cuartos, recortando margen, no cayendo en la trampa de las suspensiones y obligando a los abogados y acusaciones a jugar con la pelota corta y al pie.
Aun así, las defensas no han salido insatisfechas. Especialmente, la de Boye, que ha podido colar un documento clave para el diseño de su defensa. Un informe de carácter reservado del ministerio de Exteriores de Colombia que deja en evidencia un atestado de la UDEF. Un informe policial que omite una entrada a Colombia de Manuel González Rubio, el cliente de Boye, acusado de blanquear dinero de Sito Miñanco.
La tesis inculpatoria de la policía es que entre el 22 de febrero y el 29 de marzo de 2017 se celebró una reunión entre Boye, su cliente y Miñanco para elaborar letras con el fin de recuperar casi 900.000 euros confiscados en Barajas. Según el ministerio colombiano, esta reunión no pudo celebrarse, porque el cliente del abogado de Puigdemont estaba en Colombia. Un documento que remacha el clavo del informe de las geolocalizaciones que la defensa de Boye presentó hace meses a la instructora donde, a través de los teléfonos móviles de los investigados, se constataba que no podían estar reunidos porque estaban a miles de kilómetros unos de otros.
La utilización de unos documentos que va contra el derecho a la defensa
El otro punto conseguido por el abogado de Boye, un Eduardo García Peña especialmente inspirado, ha permitido abrir los ojos a la sala respecto a tres documentos aportados por la fiscalía, procedentes de los registros en el despacho y domicilio del letrado ahora acusado, que enturbian la investigación y el derecho a la defensa. Así, han recordado que hay un documento de diez páginas, obtenido en el registro del domicilio, con la sinopsis de su estrategia de defensa, que fue a parar a manos del fiscal cuando el sumario aún era secreto. Además, de una memoria USB y otro documento que servían para armar el contraataque de la fiscalía.
Con este aviso, la sala ya estaba atenta y solo ha faltado la intervención del actual abogado de Manuel González Rubio, que ha defendido que el dinero que recuperó gracias a las gestiones de Boye es suyo. De hecho, ha explicado al tribunal, como ya hace tiempo que va exponiendo, que el dinero lo debía recuperar para pagar las indemnizaciones a los policías que resultaron heridos en una entrada en un campo de tiro que explotaba una de sus empresas en Madrid.
El bonus track
Varios elementos, pues, que se añaden a las dudas que la defensa de Boye pone sobre la mesa desde hace tiempo. Con un bonus track que no se imaginaban tener. Se trata de un audio del abogado Jesús Prieto Molina. Este letrado defiende a Manuel Puentes Saavedra, quien incriminó a Boye en una declaración muy posterior al inicio de la instrucción.
En esta grabación, y siguiendo el contenido del escrito de defensa, el letrado admite que su cliente ha declarado contra Boye «falsamente» para obtener su libertad de manera más inmediata. Un audio que hace chirriar la ya de por sí dudosa prueba incriminatoria de un cambio de declaración repentino una vez avanzada la instrucción, con el único objetivo de cargar las culpas a Boye. De hecho, Manuel González Rubio, al ver los beneficios de Puentes Saavedra, también cambió la versión, pero la fiscalía no fue tan generosa y pidió mantenerlo encarcelado. Ahora ha vuelto a cambiar la versión y sostiene la misma que desde un buen principio, que el dinero que recuperó Boye era suyo y no provenía del narcotráfico.
Un primer policía como testigo protegido
Una vez examinadas las cuestiones previas respecto a la nulidad de algunas actuaciones -que se resolverán en sentencia- Guevara ha ido al grano y ha hecho testificar al primer policía. En concreto, el inspector del CNP 81586, coordinador de los atestados. Es decir, el que cosía las intervenciones telefónicas con los seguimientos y los indicios recogidos. Su exposición, muy valorativa y opinativa de las pruebas cuando lo interrogaba el fiscal Ángel Bodoque, le ha costado algún tirón de orejas del tribunal.
Pero al llegar el turno de la defensa, las opiniones ya han sido más cuidadosas y Guevara lo ha salvado de alguna situación incómoda con dos declaraciones de impertinencia de las preguntas o bien advirtiendo al testigo que ya lo había explicado o que no podía decir según qué, porque simplemente no estaba o no lo vio. A medida que avanzaba el interrogatorio, el policía perdía la seguridad que había mostrado con la fiscalía. Hasta que llegó el momento final, cuando el abogado le preguntó por qué en los informes hay «grados de más de 60 minutos y minutos de más de 60 segundos». Una forma bastante astuta de reprocharle que las coordenadas donde supuestamente recogían la droga no existen. Pero, la falta de rigor náutico no acabó ahí. Cuando el abogado entró a pedir explicaciones sobre las lanchas de transporte que podían hacer hasta «1.300 kilómetros», el policía admitió que se hacía un lío con las millas. Fue entonces cuando Guevara lo cortó todo espetando al testigo: «Nos lo explica mañana».
