La lucha de los jueces para catalogar Tsunami Democràtic como terrorismo continúa en el centro del huracán. Las últimas informaciones que se habían hecho públicas sobre las exigencias de quienes lleva el caso -el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón- era que se había indignado con Suiza por no querer proporcionar cierta información sobre Marta Rovira, la secretaria general de ERC y posible imputada por los hechos. El afán del juez de la Audiencia Nacional no ha parado aquí y ha pedido todos los informes que han hecho los fiscales del Tribunal Supremo que pongan a Carles Puigdemont y Rovira en el centro de la plataforma para demostrar en Suiza la implicación de los investigados. Él mismo se ha encargado de pedir una copia que enviará con la «mayor brevedad posible» a las autoridades del país helvético.
En concreto, el magistrado ha demostrado su intención de presentar toda la documentación en Suiza para que las autoridades colaboren con la investigación de Marta Rovira, que actualmente reside en el país. Este mismo miércoles, pero García Castellón ha recibido la negativa suiza, porque han considerado que no había pruebas suficientes, una reflexión que el juez ha visto «inadmisible» y ha recordado que la labor de los jueces «es juzgar y hacer ejecutar el juzgado». Aparte, el magistrado ha considerado «llamativa» la solicitud de explicación que figura en la comunicación suiza en relación con las posibles consecuencias de una ley de amnistía en relación con los miembros de la plataforma Tsunami Democràtic y con la secretaria general de ERC.
Aun así, ha iniciado la solicitud para recibir el informe de los fiscales del Tribunal Supremo que se mostraron a favor de investigar al presidente en el exilio catalán, por terrorismo, y en el cual le señalan como el líder «absoluto» de Tsunami Democrático por su «patrocinio intelectual y ético».
Variedad de opiniones dentro del Tribunal Supremo
Los fiscales del Tribunal Supremo no se pusieron de acuerdo desde un primer momento si se tenía que juzgar la causa por terrorismo o no. El pasado 6 de febrero se hizo una junta de fiscales donde 15 de sus miembros apreciaron, por 11 votos ante 4, que había indicios suficientes para proceder contra Puigdemont y contra el diputado del Parlamento por ERC, Ruben Wagensberg y, por 12 a 3, que podía haber delitos de terrorismo. Estas conclusiones fueron plasmadas en un informe elaborado por el fiscal Fidel Cadena y tumbaron el informe redactado por el fiscal del TS, Álvaro Redondo. Este segundo, por el contrario, entendió que no hay indicios racionales de criminalidad contra Puigdemont y Wagensberg, y tampoco apreció delitos de terrorismo, sino de desórdenes públicos graves, falsedad documental, coacciones y daños.
Sin embargo, Cadena, que también tiene el cargo de presidente de la sección primera, mantuvo su opinión, mientras que su compañero en el cargo, Joaquín Sánchez-Covisa dio la razón a Redondo. Una situación, pues, que ahora tendrá que resolver la teniente fiscal del Supremo María Ángeles Sánchez-Conde, que unificará el criterio de la Fiscalía en este asunto.
