Pasados pocos minutos de las diez y cuarto de la mañana ha empezado uno de los juicios claves del panorama político del país. La presidenta suspendida del Parlamento, Laura Borràs, se ha sentado en el banquillo junto con el resto de acusados, Isaías Herrero y Andreu Pujol, que trabajan por un pacto con la fiscalía. La acusación es por delitos de prevaricación y falsedad documental por el fraccionamiento de 18 contratos cuando Borràs era presidenta del Instituto de las Letras Catalanas. La jornada ha empezado con las cuestiones previas del ministerio público, que ha modificado el escrito de acusación en algunos párrafos, y cambios en la prueba documental aportada en las diligencias. Pero la vista se ha animado cuando la defensa de Borràs ha pedido aclarar las reglas del juego en el caso de que haya un acuerdo previo y de conformidad.
La letrada de Borràs, Isabel Elbal, ha pedido cambiar el orden de intervención. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y de la sala, Jesús Maria Barrientos, no lo ha visto claro y ha argüido que «intra proceso» no tienen ningún conocimiento de ningún pacto ni de ninguna conformidad. Por lo tanto, ha dado voz a las partes. Fiscalía ha negado que se haya cerrado ningún pacto, no que no se vaya a hacer, y el resto de defensas han saltado como un resorte y han pedido a los letrados de Borràs que se retracten. Tanto Marina Roig, abogada de Herrero, como Àlex Solà, abogado de Pujol, se han opuesto a las palabras de Elbal. Los dos han reprochado que la defensa de Borràs los haya calificado de «coacusadors» y han recordado que cualquier acusado tiene derecho a ejercer el derecho de defensa en todo su alcance.
Un escrito ha comenzado la batalla
Marina Roig ha cogido la palabra para criticar en puridad el escrito presentado ayer por la defensa de Boye, que calificaba al resto de las defensas de «coacusadors» al haber pactado con el ministerio público. «Esto es cuestionar el ejercicio del derecho de defensa», ha replicado Roig con un tono duro y bastante corrossivo. «No pienso colaborar en esta estrategia», ha añadido. Unos argumentos que han compartido Solà y los tres magistrados que configuran el tribunal. En todo caso, Barrientos ha avisado que a medida que avance la vista, si ve que peligra el derecho de defensa de Borràs, se podrá alterar la orden natural de las declaraciones.
Así que una vez dada la palabra a la defensa de Borràs, Elbal tampoco se ha quedado corta y ha alegado al tribunal vulneración del derecho a la defensa precisamente por este supuesto pacto del resto de acusados con la Fiscalía. «Nos hemos coordinado durante tres años las tres defensas, presencialmente, por mail, por whatsapp o telefónicamente, incluso, pagaron en tres partes una misma pericial sobre el delito de malversación que después cayó de la acusación, y ahora llegan a un acuerdo», ha reprochado. De ahí que haya pedido también la suspensión del juicio para aportar nueva documentación que acredite esta vulneración por el cambio de estrategia del resto de defensas. «Es cómo si hubiera llevado la negociación de un divorcio y después hago el contencioso», ha añadido. Roig ha pedido amparo al Tribunal para que no califique a las defensas de acusaciones, una petición que el presidente ha admitido.
Un gmail, el grande interrogante
La modificación del escrito de acusación estaba llena de peticiones detalladas que ha obligado al equipo de la defensa a reclamar que los cambios se explicaran con un poco de calma. De hecho, los ha aportado por escrito y ha advertido a la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que los cambios no afectan el derecho a la defensa. En todo caso, la fiscal ha cambiado un párrafo en el que asegura que Borràs sabía que contrataría una página web al coacusado Herrero antes incluso de que la Junta de Gobierno de la Institución de las Letras Catalanas lo aprobara. Por lo demás, ha reclamado incorporar pruebas que la misma jueza instructora había demorado al inicio de la vista oral. Una modificación del escrito de acusación con aires de futuro acuerdo, una vez haya declarado Isaías Herrero.
Entre las pruebas que ha reclamado la fiscal Assumpta Pujol se encuentren piezas de convicción como por ejemplo un DVD y un lápiz de memoria con el volcado de las comunicaciones de los acusados. En este punto, Pujol ha concretado que quería –para la futura exhibición en sala– la información que contenía la cuenta de correo electrónico de Herrero en el servidor de Gmail. El abogado de Borràs, Boye, ha pedido aclarar qué cuenta era con especial énfasis. Un énfasis especial que tiene un objetivo claro que se verá en la fase de prueba, en cuanto que la defensa alegará la debilidad de la autorización judicial, que no habría permitido acceder a la cuenta.
Vulneración de derechos
Las cuestiones previas de la defensa de Borràs se han basado en la vulneración de derechos fundamentales. Para empezar, han argumentado que no se ha respetado el principio de juez predeterminado por ley y han vuelto a recusar al presidente y ponente del Tribunal, Jesús Maria Barrientos, por la cantidad de declaraciones que ha hecho contra el proceso independentista. Posteriormente, ha alegado vulneración de la presunción de inocencia a raíz de un eventual acuerdo entre la Fiscalía y el resto de acusados. El hecho de que los medios de comunicación hayan anunciado el acuerdo como una traba a la defensa de Borràs es, para los abogados de la presidenta suspendida, una vulneración de sus derechos.
Por otro lado, Borràs ha querido incidir en la vulneración de derechos procesales por la intervención de los medios digitales y datos que configuran la arquitectura de las pruebas incriminatorias. De hecho, la defensa ha alegado que el secreto de las comunicaciones se vulneró cuando la policía absorbió un total de 77.000 mensajes de Borràs y de muchas personas físicas que ni siquiera han sido identificadas. Así, considera que la interlocutoria que permitía intervenir las comunicaciones no autorizaba una intervención general.
