El caso Tsunami Democrático ha aterrizado, con una decisión excéntrica que incluso ha desatado una verdadera guerra civil en la fiscalía, al Tribunal Supremo. La sala de lo penal que preside Manuel Marchena hizo caso de la ponencia del magistrado Juan Ramón Berdugo que, a su vez, compró la exposición razonada que le remitió el titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Un documento con el que se mostraba convencido de que las protestes postsentencia en Cataluña fueron actos terroristas y, además, colocaba en la cúspide al presidente al exilio, Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el secretario de la Mesa del Parlamento Ruben Wagensberg.

La sala de lo penal comenzaba una nueva etapa en la instrucción a través de un auto que, entre otras cosas, nombraba como instructora de la causa en la más alta instancia judicial española a la magistrada Susana Polo. Una togada, considerada progresista y experta en violencia de género, que alabó abiertamente la sentencia del Procés. De hecho, en una entrevista en Confilegal, calificaba de «brillante» la resolución que condenaba a casi cien años de prisión a los líderes civiles e institucionales del Primero de Octubre.

Entre las sentencias más significativas de Polo se encuentran la ratificación de la condena a la exdiputada de la CUP Eulàlia Reguant, por desobediencia, de la cual fue ponente, o su participación en el tribunal que condenó de forma entusiasta al presidente Quim Torra. En cambio, formuló un voto particular para defender la absolución del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, en el escándalo de los ERE. También fue la ponente de la sentencia de la Manada que incrementó las penas y la jueza que condenó a un usuario de Twitter por enaltecimiento del terrorismo y la que rechazó la querella por la muerte de Excalibur, el perro que supuestamente había sido contagiado de Ebola en 2014.

La diputada de la CUP en el Parlamento Eulàlia Reguant en la entrada del Tribunal Supremo | ACN
La diputada de la CUP en el Parlamento Eulàlia Reguant en la entrada del Tribunal Supremo | ACN

Susana Polo, jueza desde 1985

Susana Polo cumplirá 64 años y acumula muchos años en la carrera judicial, desde que entró en ella en 1985. Primero, le tocaron los estrados de juzgados de distrito, como el de San Sebastián de los Reyes, en Madrid, y como segundo destino ocupó plaza en Barcelona, en el juzgado penal 20. Después volvió a Madrid, pero antes rigió el juzgado de instrucción 1 de Fuenlabrada. El 1988 ascendió a magistrada y fue destinada a Alicante, pero dos años más tarde volvió a Madrid y, después de ser la titular del juzgado de instrucción 4 de la capital española, escaló a la Audiencia de Madrid, donde permaneció desde 1997 hasta 2013, donde acabó presidiendo la sección 26.

En abril de 2013, fue nombrada por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial magistrada de la Sala de lo civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Una etapa en la que se negó a admitir a trámite una querella contra la consejería de Salud de Madrid, presentada por plataformas animalistas, por la muerte de Excalibur, el perro de la enfermera contagiada de Ébola en 2014. También fue allí donde condenó a los sicarios de la muerte del abogado Alfonso Díaz Moñux.

La magistrada Susana Polo, instructora del Proceso/Pool CGPJ
La magistrada Susana Polo, nueva instructora del caso Tsunami / Pool CGPJ

Especialista en violencia de género

En septiembre de 2018, Polo se integró a la sala de lo penal del Tribunal Supremo, en principio como progresista y con el aval de Jueces y Juezas por la Democracia. En el Supremo fue apadrinada por las también magistradas del alto tribunal María de Pilar Teso, de la sala tercera, y Clara Martínez de Careaga, de la sala quinta. De hecho, fue el mismo día que el presidente de la sala segunda, Manuel Marchena, apadrinó a Carmen Lamela, la instructora de la causa del Procés en la Audiencia Nacional y del caso de Sandro Rosell, que resultó un fiasco con una absolución después de dos años de prisión provisional.

La gran especialidad de Polo es la violencia de género. Desde mayo de 2010, la coordinadora estatal de las actividades de especialización en materia de violencia de género de los jueces que obtienen destino en juzgados y salas especializadas en la materia. Así mismo, ha sido profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, coordinadora del Practicum de 2002 a 2014. Ha dirigido también varios cursos organizados por el Consejo General del Poder Judicial y ha participado en numerosos seminarios en relación, entre otros temas, con la violencia de género, la mediación penal, el jurado y el derecho de familia.

En el Supremo y en la sala de gobierno

Desde el estrado del Supremo, Polo saltó a la fama como ponente de la sentencia que aumentó las penas a los condenados por la violación de la Manada en Pamplona, un caso de violación grupal que estremeció a la opinión pública por la magnanimidad de los jueces que condenaron a los acusados en primera instancia, en la Audiencia de Navarra. También firmó el voto particular, con Ana Ferrer, contra la confirmación de la sentencia el expresidente andaluz Juan José Griñán por el caso ERE. Pero también desde el Supremo confirmó la pena de tres meses de prisión a un joven para apoyar a la violencia contra policías, políticos y banqueros en Twitter.

Con el Procés tampoco ha sido muy afable. Polo redactó la sentencia que condenó a una multa de 13.500 euros a la diputada del Parlamento Eulàlia Reguant por desobediencia grave a la autoridad, a raíz de su testimonio en el juicio del Primero de Octubre. También participó en la resolución que confirmó la sentencia del presidente Quim Torra por desobediencia, sin emitir ningún voto particular ni ninguna objeción a la condena que propuso su compañero de toga Juan Ramon Berdugo. No participó en la sentencia del Procés, pero no se ahorró alabarla. «Desde el punto de vista técnico, la sentencia es impecable e incluso, en mi opinión, brillante, por lo cual recomiendo la lectura a cualquier jurista, ciudadano o político antes de emitir juicios de valor», respondía a preguntas de Confilegal. Para añadir, que «eso sí, sin perjuicio de la discrepancia jurídica que pueda haber, como pasa con cualquier otra resolución judicial». Polo tendrá que discernir ahora si hay o no terrorismo en el caso del Tsunami.

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