El magistrado de la Audiencia Nacional que lleva el caso Tsunami Democrático, Manuel García Castellón, está dispuesto a enfrentarse con Suiza por lo que considera falta de colaboración judicial en la investigación contra la organización, a quien persigue por unos supuestos delitos de terrorismo. En una interlocutoria publicada este miércoles, García Castellón critica el “sesgo político” de las autoridades suizas, que se han negado a localizar la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a facilitar información sobre una cuenta bancaria que estaría detrás de la financiación de la organización. El juez también ha reprochado a las autoridades suizas que ni siquiera se hayan dignado a responder la petición que hizo el pasado mes de noviembre para celebrar una reunión de coordinación sobre el caso.
García Castellón está especialmente molesto porque la Oficina Federal de Justicia ha pedido información adicional sobre la ley de amnistía que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Desde el inicio de la represión judicial por el Proceso, Suiza se ha negado a colaborar con las autoridades judiciales españolas porque consideran que están persiguiendo delitos políticos. De hecho, Marta Rovira se exilió en el país helvético hace seis años y no se ha tenido que enfrentar a ninguna orden de extradición, mientras que Ruben Wagensberg, también investigado por el mismo caso, se ha trasladado recientemente para preparar su defensa.
El juez del Tsunami tira de currículum para aleccionar a Suiza
En su interlocutoria, el juez de la Audiencia Nacional recuerda a Suiza que los tratados internacionales no permiten rechazar peticiones de asistencia judicial por motivos políticos. De hecho, García Castellón resalta que ha pasado buena parte de su carrera dedicado a la cooperación judicial internacional y que ha servido como magistrado de enlace entre España y Francia e Italia. “La experiencia acumulada permite afirmar que la cooperación judicial se basa en un principio esencial para el buen funcionamiento de los mecanismos existentes, la confianza entre las autoridades a la hora de atender aquello solicitado”, insiste el juez.
García Castellón se muestra especialmente dolido por la escasa colaboración de las autoridades suizas y les reprocha que no hayan querido coordinarse. El 27 de noviembre hizo la petición formal para hacer una reunión de coordinación y el 19 de enero, casi dos meses después, constató que no le habían ni respondido a la petición. “Esta situación resulta particularmente extraña, atendiendo la confianza recíproca que suele caracterizar la cooperación entre los dos estados”, dice el magistrado, que insiste en señalar las bondades de la colaboración. “La experiencia demuestra que la mejor manera de obviar comunicaciones reiterativas, referentes a noticias de prensa o equívocos es la comunicación directa entre las autoridades competentes”.
García Castellón rechaza dar explicaciones sobre la amnistía
El magistrado del Juzgado de Instrucción Central 6 de la Audiencia Nacional también ha cargado contra Suiza por haber pedido información adicional sobre la ley de amnistía. García Castellón lo considera “manifiestamente inadmisible”, puesto que “no corresponde a los jueces formular opiniones consultivas sobre leyes en trámite ni hipótesis sobre normas no publicadas ni en vigor, tal como, seguro, ocurre en Suiza”. El juez no escatima críticas contra las autoridades suizas. “Los que están familiarizados con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE conocen que este se abstiene de pronunciarse cuando se suscitan cuestiones de naturaleza hipotética o cuando no tiene los elementos necesarios para dar una respuesta útil”, espeta el magistrado, que asegura desconocer “cualquier cuestión relativa a la norma citada y tampoco llega a advertir qué interés puede tener para quién atiende una solicitud de naturaleza jurisdiccional interrogar sobre una hipotética norma no aprobada”.
