Un juez de Barcelona ha admitido la querella del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, por el espionaje contra él con el software Pegasus y ha citado a declarar como imputada a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban. Según avanza eldiario.es, el magistrado Santiago García, del Juzgado de Instrucción 29 de la capital catalana, acepta todas las diligencias que ha solicitado el abogado del presidente catalán, Andreu Van den Eynde, para intentar esclarecer “el espionaje político” contra Aragonès. Es la primera imputación de un cargo de la inteligencia española por el espionaje masivo al independentismo catalán.

La decisión llega unos meses después de que, tal como explicó El Món, la Sección Tercera de la Audiencia Nacional enviara un toque de atención a otro juzgado de instrucción barcelonés, en este caso el número 20, por no investigar a fondo el ciberespionaje con Pegasus contra la eurodiputada de ERC, Diana Riba, y el presidente del grupo parlamentario de los republicanos, Josep Maria Jové. El pasado mmesas de marzo, los magistrados de la Audiencia Nacional obligaron a la titular del juzgado, María Eva Molto, a citar a declarar a la actual directora del CNI, Esperanza Casteleiro, y a requerir más información a NSO Group, propietaria de Pegasus, sobre el programa espía.

Pere Aragonès, abriendo el debate de política general en el Parlamento / Mireia Comas

Cambio de criterio de la justicia española sobre Pegasus

El auto del titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona supone un cambio de criterio de la justicia española sobre el caso Pegasus. Hasta ahora, ninguno de los jueces que investigan el espionaje al independentismo se había atrevido a citar la exdirectora del CNI como imputada. Paz Esteban está citada a declarar el próximo 13 de diciembre, el mismo día que Pere Aragonès comparecerá ante el tribunal. Santiago García explica en su resolución que la “intromisión no autorizada a equipos informáticos”, la “interceptación ilegal” de las comunicaciones y “el espionaje” del ahora presidente de la Generalitat podrían constituir un delito de revelación de secretos y otros delitos contra los derechos fundamentales.

La exdirectora del CNI admitió en la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados que Aragonès fue uno de los 18 políticos y activistas independentistas que habían sido espiados con Pegasus con la autorización del Tribunal Supremo. El teléfono del presidente catalán fue infectado a principios de 2020, cuando era vicepresidente de la Generalitat y estaba negociando la investidura de Pedro Sánchez. Por eso, el magistrado también ha enviado un requerimiento al Supremo para que certifique que avaló el espionaje a Aragonès y envíe toda la documentación disponible que justifica la medida. También ha enviado requerimientos a NSO Group y el Tribunal de Cuentas.

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