En plena polémica judicial entre España y Andorra por la trama andorrana de la Operación Cataluña, el Principado de los Pirineos ha recibido una visita de alto voltaje político. En concreto, ha sido Maria Gámez, la directora general de la Guardia Civil. Gámez ha circunscrito el encuentro al más alto nivel en el «marco de las relaciones bilaterales en materia de cooperación policial entre Andorra y España». La directora del instituto armado ha viajado acompañada por el director adjunto operativo de la Guardia Civil, el teniente general Pablo Salas.
Gámez y Salas se han encontrado con los máximos responsables de la policía del Principado de Andorra, como por ejemplo su director, Jordi Moreno. El encuentro llega después de varias investigaciones por parte de la policía de Andorra de las actuaciones de policías españoles a raíz de la Operación Cataluña y la búsqueda de información sobre posibles cuentas corrientes y fondos de los líderes independentistas en entidades financieras andorranas.
Un convenio, un proceso judicial
Este cónclave se enmarca en el Convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia y la seguridad firmado ad referéndum en Madrid el 2 de septiembre de 2015 entre los ministerios de Interior de los dos países. También se sustenta en el Protocolo de Cooperación entre la Policía del Principado de Andorra y la Guardia Civil en el Reino de España, en vigor desde el año 2001.
Pero curiosamente el encuentro llega después del lío procesal que generado por la justicia española con las comisiones rogatorias andorranas para investigar al expresidente español Mariano Rajoy y a los exministros de Interior y Hacienda, Jorge Fernàndez Díaz i Cristóbal Montoro, además de a miembros de su gabinete y a agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Así mismo, Andorra también investiga las actuaciones del comisario de Inteligencia José Manuel Villarejo y del teniente Basilio, el agente encubierto de la Guardia Civil que presume de provocar la nota del Tesoro norteamericano que forzó el cierre de la BPA, donde la familia Pujol Ferrusola tenía fondo.
Formación en información
El encuentro también ha servido para acordar la formación compartida entre la policía andorrana y la Guardia Civil. Así, el instituto armado, a través de su oferta formativa internacional, ofrecerá a los agentes andorranos formación en especialidades como por ejemplo el servicio cinológico con perros, TEDAX-NRBQ en desactivación de explosivos o protección de personalidades, además de en materia de tráfico y seguridad vial o policía judicial. Pero, sobre todo, en servicios de información, una de las joyas de la corona del instituto armado.
María Gámez ha mantenido un encuentro con el ministro de Justicia e Interior andorrano, Josep Maria Rosell, y el secretario de Justicia e Interior, Joan Antoni León. Así mismo, la directora general se ha reunido con la síndica general del Consejo General, Roser Suñé. Además, ha visitado la Embajada de España en Andorra y el Destacamento de Protección y Seguridad, formada por nueve agentes de la Guardia Civil, donde ha conocido su trabajo de seguridad con la delegación diplomática española. La embajada fue donde el fiscal anticorrupción José Grinda va absorber todas las bases de datos del BPA en una operación relámpago.
