Más que mala marejada, un verdadero combate es el que se está viviendo en uno de los centros con más poder del Estado, el tribunal especializado denominado Audiencia Nacional. Todo a raíz de la causa del Tsunami Democrático. Apenas el mismo día que el titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, enviaba al Tribunal Supremo la causa del Tsunami para ser un delito de terrorismo, sus compañeros de toga, le han parado de los pies. El responsable ha sido uno de los magistrados con más preeminencia dentro de la Audiencia Nacional, el presidente en funciones de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, conocido como presidente del tribunal del 17-A.
Guevara ha abierto un expediente gubernativo con que pide a Manuel García Castelló el escrito de recusación presentado por uno de los investigados en la causa de Tsunami, Oleguer Serra, que el instructor inadmitió por providencia el 15 de noviembre pasado. El magistrado Guevara ha dado la razón a la defensa de Oleguer Serra, directivo de Òmnium Cultural, que informaba del rechazo de la recusación por parte del mismo instructor, cuando quién lo tiene que decidir es la Sala de lo penal. Guevara, en su providencia, a la cual ha tenido acceso El Mundo, ha abierto expediente gubernativo al juez. Además, le recuerda que es «la Sala de lo penal la competente para resolver los incidentes de abstención y recusación de los magistrados juzgues centrales de instrucción de la Audiencia Nacional». Así le pide la copia del incidente y del expediente.
Blindar el Tsunami a través del Supremo
Guevara ha entendido la exigencia de la defensa de Serra porque la Ley Orgánica del Poder Judicial es muy clara por el que hace las recusaciones. En este sentido, podría contaminar la causa antes de continuar la instrucción. Por otro lado, Guevara, un magistrado perspicaz y garantista, no quiere que un magistrado instructor se salte la autoridad y la competencia que le corresponde en la sala que preside, aunque lo haga en funciones. De este modo, evita, de momento, que la causa pase al Supremo, tal como ha pedido García Castellón, y mantener el control de la instrucción desde la sala de lo penal. De hecho, la misma sala ha reñido más de una decena a veces García Castellón por vulneración de derechos de defensa en la también macrocausa de la Operación Judas.
