Una reunión larga, tensa y con asistentes sorpresa. Así se puede definir la Junta de Fiscales que se ha celebrado esta mañana en la sede de la Fiscalía General del Estado, al número 4 de la calle Fortuny de Madrid. Un cónclave que ha servido para mostrar la división ideológica del derecho del ministerio público y por, finalmente, fijar criterio sobre la aplicación de la amnistía, que será favorable a los procesados y condenados por malversación como lo son el presidente al exilio Carles Puigdemont o el exvicepresidente de su Gobierno, Oriol Junqueras. Los fiscales han aprobado por mayoría la posición de la fiscalía general, en manos de Álvaro García Ortiz, de defender la amnistía. En concreto, 19 votos a favor, 17 en contra y una abstención. La Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y primera de la carrera fiscal, Ángeles Sánchez Conde, y el Fiscal de Sala Ningún Penalti de la Fiscalía del Tribunal Supremo, Joaquín Sánchez-Covisa serán los encargados de presentar el informe de la Fiscalía en respuesta a las providencias de la sala de lo penal
La Junta ha empezado con cierta puntualidad, con la presencia de 34 fiscales de los 38 que la componen, dos han excusado su presencia por razones médicas. De hecho, el caudillo de los fiscales de la revuelta, Javier Zaragoza, había anunciado que participaría telemáticamente, pero finalmente lo ha hecho de manera presencial. Este cónclave se celebraba después de que los fiscales Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno invocaran el artículo 27 por el desacuerdo con la orden dada por el fiscal general en relación con la aplicación de la ley de amnistía a los acusados de malversación en la causa especial contra el Proceso seguida al Tribunal Supremo. Finalmente, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha impuesto su criterio y ha ganado la votación ante el sector de los fiscales del Supremo del juicio del Procés, de forma que el ministerio público pedirá la amnistía para los condenados y procesados por malversación a raíz del Proceso y del referéndum del Primero de Octubre.
Intervenciones de los diferentes fiscales
La reunión ha empezado con la intervención de algunos de los fiscales del Proceso para explicar el porqué del rechazo a la orden dada por el superior jerárquico. Después, se ha abierto un debate jurídico, donde el fiscal general ha dado turnos de palabra por orden inverso de nombramiento, es decir, del último fiscal de sala nombrado al más antiguo. Una vez concluida el turno de intervenciones, el fiscal general ha intervenido para avanzar el sentido del posicionamiento favorable de la fiscalía a la amnistía y qué fiscales lo defenderán.
García Ortiz ha remarcado el contenido de su orden al considerar que los cuatro fiscales del Proceso emitieron un informe donde «exponen cuestiones que no los compiten y hacen afirmaciones de naturaleza extrajurídica». En cuanto a la ensambladura de los hechos de la causa del Proceso a la ley de amnistía, que es, en definitiva, la pregunta que se los formula, la Fiscalía General entiende que la equiparación que hacen los cuatro fiscales de «el ánimo de lucro» que exige el delito de malversación con «el enriquecimiento personal de carácter patrimonial», que la ley considera no amnistiable, no se puede llevar a cabo. Así arguye que «el perjuicio patrimonial para la Administración, resultado del delito de malversación, no es equiparable al enriquecimiento personal de carácter patrimonial”. Por otro lado, la Fiscalía considera que los hechos no produjeron una afectación directa a los intereses financieros de la Unión Europea. Una idea propuesta por los fiscales para intentar esquivar la amnistía envolviendo las instituciones europeas. La tesis de la Fiscalía General ha obtenido el apoyo de la mayoría de la poderosa Junta de Fiscales.
