La presión hacia el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es máxima. De momento, no afloja. Al contrario, se incrementa cada día y no solo por su imputación por la filtración en el caso de la pareja de Ayuso. Dos decisiones más, en otras causas, muestran cómo la maquinaria política, judicial y mediática de la derecha extrema española se ensaña en tres frentes con una de las instituciones del estado constitucional y una de las claves de bóveda del sistema jurídico español. La situación es inédita aunque históricamente el cargo siempre ha sufrido tensiones de primerísimo nivel a consecuencia de la eterna batalla política española.
La llegada esta semana al Tribunal Constitucional de los nombramientos con que García Ortiz situó a Dolores Delgado, ex fiscal general del Estado y exministra de Justicia, en determinados cargos es otra prueba de fuego. El caso Delgado servirá para evaluar la supuesta mayoría progresista de la alta magistratura constitucional, así como permitirá calibrar, de manera indirecta, el apoyo que el actual fiscal del Estado tiene entre los doce magistrados. A todo esto, se debe añadir un hecho muy importante: la decisión de la Audiencia Nacional de sancionar con 4.000 euros al Ministerio de Justicia por alargar de manera innecesaria una investigación contra el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa. Una investigación de la cual era responsable García Ortiz, como secretario técnico de la Fiscalía que había iniciado las investigaciones.
Estalla el caso Ayuso
La elección del actual máximo representante del ministerio fiscal –un cargo que siempre lo ocupa un jurista designado por la Moncloa, pero independiente cuando se pone a trabajar– puso en guardia a las asociaciones de fiscales. Tres entidades, de las cuales dos –Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales– son abrumadoramente de derechas y opuestas a la Unión Progresista de Fiscales, de la cual es miembro García Ortiz. La defensa de la aplicación de la amnistía y algunos de los nombramientos han alborotado un gallinero que ya no era propenso a mirar con buenos ojos la gestión del nuevo fiscal general.
En este contexto, el caso de la filtración de un correo electrónico entre la fiscalía de Madrid y el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con los términos de una conformidad por un delito fiscal, ha hecho estallar la institución. La imputación de García Ortiz por un delito de revelación de secretos es un campo de minas. Cada día que pasa, el magistrado instructor de la causa, Ángel Hurtado, y la poderosa Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), aprietan más a García Ortiz. Las últimas decisiones han sido contundentes.
Por un lado, una resolución del magistrado instructor que tumbaba el recurso de García Ortiz contra la decisión de enviar a la empresa de WhatsApp (Meta) y Google una solicitud para recuperar sus chats y correos electrónicos. Una maniobra del juez después de que la UCO encontrara sus dispositivos vacíos de mensajes. De hecho, los habría borrado alegando que cambió de terminal. Por otro lado, hay una decisión relevante de la sala de apelaciones del Supremo, que el pasado viernes avalaba la decisión del instructor de mantener en secreto parte de la resolución por la cual ordenó la entrada y registro en las oficinas del fiscal general y de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Los magistrados entendían que su derecho de defensa no había sido lesionado por haber limitado el acceso al contenido de la resolución de manera temporal. Una verdadera bofetada a los intereses de García Ortiz y un aviso a navegantes sobre cómo irán las cosas en esta instrucción.
Vuelve el caso Stampa
Paralelamente, el pasado 17 de febrero, la sala contenciosa administrativa de la Audiencia Nacional dictaba una resolución que enturbiaba aún más la situación del fiscal general. La Audiencia sentenció que el Ministerio de Justicia debe indemnizar con 4.000 euros al ex fiscal anticorrupción Ignacio Stampa. Uno de los dos fiscales que inició el caso Villarejo, es decir, la operación Tándem, y que perdió la plaza una vez se destaparon las conversaciones del comisario de inteligencia retirado con Dolores Delgado.
La resolución fue una dura bofetada a García Ortiz porque Stampa había recurrido su decisión de investigarlo «por inspiración de la Fiscalía General del Estado», en manos de Delgado. Las sospechas fueron sobre la presunta relación con una de las abogadas de Podemos en la pieza separada del caso Dina, dentro de la macrocausa Tándem. Los magistrados concluyen que la investigación contra Stampa, dirigida desde la secretaría general técnica, entonces en manos de García Ortiz, se «alargó de manera innecesaria» cuando las primeras pesquisas no habían dado ningún resultado. «El mantenimiento de la investigación previa, cuando estaba en tránsito de resolución el concurso en la Fiscalía Anticorrupción, en el que Stampa concurría como aspirante, impidió que su expediente personal apareciera sin tacha», apunta la resolución.
Es decir, que Stampa se quedó sin poder concurrir a la plaza definitiva de Anticorrupción por una investigación que se llevaba desde la oficina de García Ortiz. Un hecho que, según la Audiencia, «puso en duda la profesionalidad, fama, buen nombre, comportamiento ético» del fiscal Stampa. Por eso, considera que la actuación de la Fiscalía le provocó un daño moral que implica una indemnización de 4.000 euros.
Delgado reaparece
En todo este escenario, el Tribunal Constitucional también entra en juego. Esta semana, los magistrados han comenzado las deliberaciones por el recurso de amparo presentado por Dolores Delgado contra las sentencias que anularon su nombramiento -ordenado por García Ortiz- como fiscal togada de la Sala Militar, y posteriormente, como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Un proceso que, de entrada, ha hecho abstenerse al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido. Una circunstancia que pone en riesgo la mayoría progresista que, a priori, debería ser favorable a Delgado.
La agenda de esta semana incluía la «primera deliberación del recurso de amparo», un caso para el cual ha sido designado ponente el magistrado progresista Ramon Sáez Valcárcel. Pero hay un proceso de avocación, es decir, de decisión sobre quién se queda la cuestión, teniendo en cuenta que son tres recursos. Dos por los dos nombramientos y un tercero sobre la ejecución de uno de los nombramientos. Los otros ponentes que entran en el debate son la magistrada María Luisa Segoviano y Ricardo Díaz Sánchez. Con esta deliberación se deberán disipar las dudas y ver por dónde se dirige el Constitucional en uno de los asuntos que más ha castigado a la fiscalía general. Parece un todo vale contra García Ortiz.
