La Fiscalía Provincial de Madrid no solo se ha puesto las manos en el jefe sino que, además, se ha puesto en marcha. La fiscalía ha interpuesto un recurso de reposición ante el Juzgado de Primera Instancia 104 Madrid que decidió admitir la demanda contra la ley de amnistía que, ni tanto solos, se ha registrado en el Congreso de Diputados y que solo consta como un concepto escrito en los acuerdos de investidura entre ERC, Juntos por Cataluña y el PSOE. La demanda pedía la suspensión de la tramitación parlamentaria.
De hecho, el procedimiento se abrió de acuerdo con un proceso jurisdiccional especial. Así, el particular que presentó la demanda añadía la petición de una medida cautelar una particular relativa a «la eventual tramitación de un proyecto o proposición de ley de amnistía con carácter previo a la interposición de una demanda por vulneración de derechos fundamentales». Un procedimiento que se proponía iniciar pidiendo la impugnación de las decisiones o actas que provienen de los organismos legislativos, como es el caso del Congreso de Diputados.
«No es un acto administrativo»
La fiscalía aplica un principio básico del derecho en su recurso ante la decisión judicial inédita. Así recuerda que una tramitación de estas características es un acto parlamentario y no un acto de naturaleza administrativa. Por eso, considera que “no es competencia de la orden
jurisdiccional civil, ni siquiera de la orden contencioso–administrativo, puesto que el enjuiciamiento, tanto de las pretensiones que afectan el fondo, como de las referidas a la justicia cautelar del litigio, corresponde en exclusiva al Tribunal Constitucional”. En este sentido, reclama que “dado que en este caso hay una carencia de jurisdicción”, se revoque la diligencia de ordenación se dicte interlocutoria por la cual se abstenga de conocer y se proceda a la suspensión de comparecencia que el juez ya había señalado.
Un juez amigo
El magistrado encargado de estudiar esta posible paralización de la ley es José Ramón Manzanares Codesal, un juez que fue apartado del poder judicial el 2001 después de ser condenado por prevaricación y a quien el gobierno de José María Aznar indultó en 2004. Tal como se ha encargado de recordar a través de las redes sociales el político de Izquierda Unida (IU) Carlos Sánchez Mato, Manzanares recibió una pena de dos años y seis meses de inhabilitación especial que incluía la pérdida definitiva de su posición como magistrado, un castigo que no llegó a cumplir, puesto que fue indultado en el último Consejo de Ministros celebrado antes de las elecciones del 2004.
