Nombramiento curioso, y por sorpresa, por parte de Fiscalía General del Estado. El fiscal antidroga Ignacio de Lucas, encargado de la instrucción y la acusación contra Gonzalo Boye en uno sumario por blanqueo de capitales al juzgado central de instrucción número tres de la Audiencia Nacional, se incorporará de manera inmediata a la Fiscalía Europea, es decir, la European Public Prosecutor’s Office, EPPO en su acrónimo en inglés. De Lucas llega junto con otro miembro del ministerio público portugués, José António Lopes Ranito. La decisión se ha tomado en la reunión de julio del Consejo de la Unión. Los dos tomarán posesión del cargo el próximo 29 de julio.
De Lucas ha llevado el peso de la investigación que ha envuelto el abogado del presidente al exilio Carles Puigdemont en un delito de blanqueo de capitales relacionado con el narcotraficante José Ramon Prado Burgallo, alías
Tres candidatos
De Lucas ha logrado el lugar después de un proceso de selección entre tres candidatos que tenían que sustituir el actual representante de España a la EPPO, Concepción Sabadell. Además de De Lucas, la terna la integraban magistrada de enlace en los Estados Unidos, María de las Heras, y la fiscal Laura Pellón, que ya trabaja a la institución comunitaria. De hecho, España tiene siete fiscales delegados al ministerio público europeo, entre los cuales se cuentan el juez Pablo Ruz, que fue instructor de la causa Gürtel y quien descartó pesquisas contra la familia Pujol a raíz de la declaración de Victòria Álvarez.
De Lucas ha utilizado su experiencia internacional como coordinador de la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica (RFAI), una influencia que no habría utilizado para aclarar la investigación contra Boye y, sobre todo, de los testigos que ha utilizado contra el abogado, acusados en el supuesto de que han declarado inculpatòriament contra el abogado del exilio y que después han obtenido la libertad condicional o beneficios en su trato. De Lucas ha conseguido el nuevo cargo después de una selección por parte de un tribunal de 12 miembros aprovechando la renovación parcial del Colegio de la Fiscalía Europea. Según las bases de la EPPO la «independencia» de los candidatos tiene que quedar «fuera de duda» y tienen que tener experiencia práctica relevante en los sistemas jurídicos estatales, de investigaciones financieras y de cooperación judicial internacional en materia penal.
Casos con polémica
El caso de Sito Miñanco y la relación con Boye que describe el fiscal no es el único polémico en su trayectoria. De Lucas saltó a la palestra cuando el octubre del año pasado la Audiencia Nacional (AN) excarceló a siete presuntos miembros de la mafia holandesa –acusados por narcotráfico y de organización criminal– porque venció el plazo de cuatro años máximo de prisión preventiva antes de la celebración del juicio. Todos se encontraban enchironados a petición de De Lucas y, todo y la gravedad de las acusaciones del ministerio público, los pasó por alto el plazo. Otra decisión en este caso que también fue polémica fue la decisión del titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que acordó el archivo de varias pesquisas del caso relativas al blanqueo de capitales. Entre los excarcelados, dos líderes de la organización criminal.
